LOS LÍMITES DEL AJUSTE (II)

Equilibrio fiscal, sobre como rebajar gastos e  impuestos es más beneficioso

En un artículo anterior mostraba como la debacle de Grecia no es producto de la adopción de drásticas medidas de ajuste, sino del despilfarro previo.  El concepto de “ajuste” en la jerga proge, descalifica las medidas de austeridad, porque en el discurso de un progre, este concepto no tiene lugar. Decía en aquella ocasión, que los ajustes, si bien tienen por objeto equilibrar las finanzas públicas, se puede hacer básicamente de dos formas: 1) bajando gastos y subiendo impuestos (la receta clásica) o 2) bajando gastos y bajando impuestos. Aunque en los dos casos se habla de bajar gastos, la forma de bajar los gastos difiere. Sobre la primera forma no hace falta comentarios, todos conocemos por vivida esa política, los gastos se bajan poco y los impuestos sube al cielo; la segunda merece algunas palabras.

Por el lado de la disminución del gasto público, se hace tan necesario bajar los gastos corrientes como los subsidios (no la inversión), lo cual inevitablemente traerá aparejado un sinceramiento del  lado de los precios de todos aquellos productos intervenidos, por ejemplo las tarifas de los servicios y la energía. Otro componente del lado del gasto lo conforma el pago de la deuda. Una economía desquiciada siempre observa un fuerte endeudamiento en todos los plazos.

Observaremos que en amplísimos sectores sociales (el número depende la intervención del Estado y del clientelismo), la reducción del gasto traerá aparejada la perdida de ciento de miles  de empleos públicos y “clientelismo”, ya que bajar el gasto corriente lleva a racionalización, y los primeros empleos que caen son los prescindibles (los puestos que nunca debieran haber creado); por otra parte, se  verán aumentadas significativamente las tarifas de todo tipo, producto del sinceramiento de los precios. Por lo tanto, los sectores  sociales afectados consideraran esta forma de arreglar las cuentas públicas como “nefasta”.

 Ahora bien, habrá otros sectores cuyos rendimientos  del trabajo no dependen del estado y por lo tanto no verán mermado su s ingresos, aunque si sentirán el coste del sinceramiento de tarifas. El menor costo que debe pagar este sector tiene lógica, ya que en el pasado fue su esfuerzo el que sostuvo los coste del despilfarro y de la masa clientelar.

Por el lado de los impuestos, rebajarlos en una primera instancia, significará posiblemente mayor déficit, pero si ello  ocurre, será solo por poco tiempo. El hecho de que un gobierno rebaje impuestos tiene un efecto sobre la psicología del capital y la inversión que generan una atracción fatal. Por otra parte, un gobierno que rebaja impuestos, al mismo tiempo que libera tarifas, seguramente llevará adelante una flexibilización del mercado laboral y una desregulación del comercio. Todo esto genera una shock de confianza formidable que hace que en poco tiempo ese país sea una realidad tan diferente, que ni la madre que lo pario lo reconocería. Por el lado de la deuda, resulta mucho más fácil negociar quitas y deferir pagos en un esquema del tipo 2) que en el 1), en el cual un planteamiento de renegociación de deuda generará una mayor retracción del capital y la inversión producto de la desconfianza. En el esquema 2) el clima de negocios facilita formas más llevaderas de honrar los compromisos.

Entonces, ¿Porqué se aplican medidas fiscales del  modelo 1) y no del 2)?. Sencillamente porque en el primer tiempo,  en el modelo 1) el impacto en los sectores medios y bajos de la economía es relativo, se prescinde de menos empleos superfluos, el gasto se baja pero no tanto, se produce así un continuo goteo a la baja en la calidad y cantidad de las prestaciones  y del nivel adquisitivo, y por lo tanto una parte significativa de la sociedad (la más sufrida) se irá  adaptando y aceptando el “ajuste” plásticamente. Ahora bien, este forma de realizar el ajuste no llegará nunca a forjar una sociedad prospera y económicamente fuerte. El esfuerzo inicial será menor, pero el resultado a  largo plazo pobre.

La aplicación de medidas del tipo 2) tienen en el primer tiempo, un impacto muy alto en las clases bajas (justamente las más favorecidas por las prebendas del estado despilfarrador), por lo que los gobernantes temen su aplicación por miedo a la revuelta social (los sindicatos juegan un rol fundamental aquí). Sin duda el gobierno que con autoridad, firmeza, convicción y una política monetaria en el corto plazo dirigida a la creación de empleo,  logre contener la ira popular, en poco tiempo verá como el ambiente de inversión y negocios que favorecen las medidas adoptadas, creara trabajo y prosperidad, y  si se persevera en el intento, en poco tiempo ese país será sin lugar dudas un gran país.

Si la casta progre llama a las medidas del tipo 1) “de corte neo liberal” como si del mismo diablo se tratara, a las medidas del tipo 2) ¿Cómo las llamaría?, ya que en la idea de un progre, bajar impuestos es favorecer a los que más tienen, COMO QUE SI LOS QUE MENOS TIENEN PORCENTUALMENTE NO PAGARAN MÁS IMPUESTOS QUE LOS MAS RICOS!!!.

LA SOCIEDAD, PASADO Y PRESENTE

La influencia de la inmigración.

Seguramente la influencia que tuvo la extendida inmigración en la conformación de nuestra forma de ser como nación resulta determinante y quizás también de explicaciones a muchos comportamientos sociopolíticos.

En el marco de una gran discusión sobre la influencia de la inmigración en las costumbres de la sociedad, Sarmiento hace ciento cincuenta años se preguntaba “¿argentinos desde cuándo y hasta donde?”. Esta inquietud seguía presente en el Río de la Plata incluso a principio del siglo XX y en Uruguay estuvo el mayor exponente crítico de la inmigración en aquella época, José Enrique Rodó, autor de Ariel libro que diera origen al arielismo, movimiento de cierto corte aristocrático que renegaba del talante de quienes venia a “hacer la américa”. Pero algo más movió al nacionalismo de  Rodó y fue su poción frente a los Estados Unidos y “al practicismo americano” que contrastaba con la forma de vida más humanista que él profesaba, o sea, que ya hace más de un siglo estaba planteado el enfrentamiento entre quienes profesaban el “utilitarismo”  y el “idealismo”, aspectos que contraponían a la América anglosajona de la América hispana. Pero las posturas contrarias a la inmigración masiva no era una idea extendida en la base popular, pero sí entre los más iluminados, y en contra de quienes así pensaban, el socialista Juan B. Justo exclamaba: “¡Ay de las aristocracias que estorban al aumento de la población! ¡Ay de los pueblos que no saben sacar del suelo que habitan todo lo que el cultivo de la vida puede dar!. Ellos serán barridos o dominados por otras clases y pueblos más enérgicos. ¿Para que son las revoluciones y las conquistas?. Vano es todo derecho a la vida que no se afirme en su propio ejercicio”.

Ricardo Rojas a finales del siglo XIX escribía en La restauración nacionalista “la desnacionalización y el envilecimiento de la conciencia pública han llegado a ser ya tan evidentes que han provocado una reacción radical en muchos espíritus esclarecidos de nuestro país”.

Ya en aquella época el lastre que acarreaba la joven sociedad Argentina, hacía estragos en la gestión política de la nación, y Carlos Bunge definía aquel fenómeno con estas palabras: “Llamo política criolla a los tejemanejes de los caciques hispanoamericanos, entre sí y para con sus camarillas. Su objeto es siempre conservar el poder, no para conquistar los laureles de la historia, sino por el placer de mandar”. Estas palabras reflejan como desde los mismos inicios de la republica ya hubo quien veía en la “política criolla” las lacras del caudillismo devenidas de conquista y la posterior colonización.

Según comenta José Luis Romero en “Las ideas de la Argentina del siglo XX” (las citas anteriores corresponden a este texto), “Los grupos intelectuales de comienzo del siglo, como herederos de la generación del 80 y nietos de la generación que había organizado el país en 1852, pensaban que la sociedad tradicional tenía defectos gravísimos, heredados todos –según opinión de muchos- de la tradición colonial española”.

Como vemos, ya a comienzo del siglo XX, había un movimiento nacional anti hispánico que atribuía a la iglesia católica y a las costumbres españolas el escaso desarrollo del país.

Visto desde la actualidad, el problema de la inmigración no era relativo a la perdida de una identidad nacional que realmente aun no existía o recién se comenzaba a formar. El verdadero problema hay que buscarlo en el propósito que movió -aún desde la colonización- a las oleadas de inmigración que siempre se sustentaron en planes de vida o proyectos individuales: el consabido “hacer la América”, lo cual llevaba a privilegiar el interés personal que se perseguía (el cual los llevó a desembarcar en América), respecto del interés por las actividades de la república, las que  fueron en general escasas o nulas. Es más, muchos inmigrantes ni siquiera se nacionalizaron, con lo que no ejercían el derecho al voto para elegir sus representantes. Para el que venía buscando un lugar donde prosperar, el interés por la vida pública no contaba, ya que de ello se encargarían “otros”. Posiblemente en sus mentes y quizás sin proponérselo,  en ese medio natural que habían idealizado y que era “la américa”, todo fuere a funcionar sin más, como si de un lugar mágico se tratara. Sin reparar en ello se fue conformando esa utopía que sería la Argentina. Como se suele decir, “los argentinos descienden (de descendencia) de los barcos”, toda una verdad que encierra en sí misma lo disperso de nuestros orígenes. Sin lugar a dudas todas estas circunstancias fueron contribuyendo a que se carezca de un espíritu colectivo de país, de una conciencia nacional, lo cual se refleja en la falta de compromiso y participación y algo muy grave para la cimentación de una nación: NUNCA SE CONTÓ CON UNA BURGUESÍA NACIONAL CON UN PROYECTO PROPIO.

 

La identidad de los pueblos

La identidad de los pueblos centra buena parte del interés de la reflexión de la filosofía, la sociología y la política. Estas reflexiones, que son frecuentes en otros países y que en Argentina tuvieron vigencia, hoy están cuanto menos aletargadas por el lado de la filosofía y la sociología y ausente por completo en la discusión política. En el estudio de los pueblos desde un punto de vista romántico, se avanza sobre la indisoluble unidad que existe entre identidad, lengua, cultura, forma de ser, historia y conciencia nacional.  Analizando hoy y desde ese punto de vista el caso argentino, se me ocurre encontraremos las explicaciones de los hechos que dan lugar a uno de nuestros problemas, que a mi juicio es la falta de identidad. Si nos referimos a la lengua, -esa parte sustancial de un pueblo sobre la que Miguel de Unamuno dedicó gran parte su obra y a la no dudó en elevar a su máximo exponente en Lengua y Patria-, ¿por qué un pueblo soberano como el argentino que ha demostrado sobradas artes para las letras, no ha instituido la lengua Argentina como símbolo de su identidad lingüística?. ¿Por qué aun llamamos a nuestra lengua castellano y en las escuelas se dictan clases de castellano?, cuando es justamente el castellano una lengua española, como lo es el catalán, el euskera o el gallego, y por lo tanto, también lo debería ser el argentino, ya que es una lengua que partiendo originariamente del castellano, hoy se distancia suficientemente de éste en los uso de los tiempos verbales, de los pronombres, el vocabulario, los giros y expresiones.

Desde un punto de vista académico, lo anterior es una reivindicación necesaria pero no trascendente. Más grave es que entre nosotros  el significado de las palabras no sea el mismo según los diversos sectores de la vida nacional, lo cual es gravísimo pues imposibilita el entendimiento. En la medida que no nos demos cuenta de que uno piensa y se expresa con palabras y que las palabras y la razón tienen una inequívoca relación, si no recuperamos el significado de las palabras en su verdadera acepción y en la medida que no desarmemos de la carga ideológica con la que hemos vinculado algunas palabras nos costará entendernos. Palabras tales como burguesía, pueblo, liberalismo, socialismo o capitalismo, no significan lo mismo según la ideología y la intención de quien las emplee, y así será vano cualquier intento de dialogo fecundo y sincero. Paradójicamente un pueblo en donde se habla una sola lengua, esta no permite que sea un punto de encuentro para comenzar a dialogar, sino todo lo contrario, ya que cada vez que presenciamos una polémica en materia sociopolítica, no solo se manifiesta el disenso en el fondo sino también en el significado de las palabras empleadas.

Respecto de la cultura, esa eterna cenicienta, ¿qué ocurre con “nuestra” cultura? ¿Qué entendemos por cultura Argentina?. Acaso cuando descubrimos que alguna obra nos pertenece, ¿no la maltratamos inmediatamente solo porque descubrimos su origen vernáculo?. ¿No alabamos y ponderamos formas y estilos culturales extranjeros en detrimentos de los propios?. Por otra parte, ¿no hemos creído históricamente que el progreso no era compatible con la tradición y así hemos destruimos prácticamente toda la arquitectura colonial?.

¿No nos sentimos más identificados y orgullosos por la obra de los vanguardistas de los años 20 que se nutrieron con las aportaciones de Borges, Pettoruti, Xul Solar, que llegaron a la Argentina  con la visión de las artes de su Europa natal, que con nuestros propios elementos culturales autóctonos?. Pero aun así, con nuestras contradicciones entre lo vernáculo y lo foráneo, en aquella buenos aires de los años 20 o 40 en donde las crisis ya existían y comenzaba la decadencia, existía una sensibilidad que permitió que los genios se desarrollaran. Hoy que falta, ¿genios o sensibilidad?.

La forma de ser del argentino, al igual que ocurre en otros pueblos, es en algunos casos mejor que en otros, pero la popular “viveza criolla”, el que cada uno tire para su lado.... o su bolsillo, el  “¿Yo?, argentino” – expresión muy utilizada cuando queremos ignorar nuestra participación o conocimiento de algún hecho- y el típico “no te metas”, que tanto daño ha hecho a la vida nacional, desequilibran el fiel de la balanza hacia el lado negativo.

Nuestra historia relatada como vivencias personales o de pueblo, vacila entre claros y oscuros, signada por épocas de libertad y otras de opresión, de abundancia o escasez, pero siempre bajo una constante marcada claramente por el valor, el empeño, la lucha y el sacrificio de un pequeño grupo de elite influenciado y mimetizado con lo europeo, mientras la gran parte del pueblo autóctono duerme la siesta o lo esperaba todo de la madre tierra o el mandatario de turno. Basta con averiguar la titularidad de las mayores empresas de todo tipo y condición, desde 1850 a hasta finales del siglo XX,  para concluir que previenen de familias con origen en el extranjero, las que llegaron a nuestra tierra con la vocación de progresar. Son casi nulos los hombres de aquellas estirpes fecundas que se preocuparon por la cosa pública, dejando esta en manos de una clase ineficaz aunque ilustrada, con personales como Julio, de la obra “Mi hijo el doctor” de Florencio Sánchez. Julio, hijo de una familia campesina e ignorante se recibe de médico lo cual provoca un cambio radical en su forma de interpretar la vida, algo que le lleva a renegar de su pasado tradiciones hasta perder la conciencia de ciertos límites, justificar el engaño y la irresponsabilidad. Julio, que no se dedico a la política,  es un claro ejemplo de la idiosincrasia de multitud de políticos surgidos de las entrañas de nuestra tierra.

No se puede terminar este análisis sin hablar de la conciencia nacional, la gran ausente. No nos conocemos a nosotros mismos, no tenemos acabada conciencia de que queremos, como conseguirlo y de que adolecemos; no hemos realizado un estudio reflexivo sobre nuestros atributos y mucho menos, de los cambios que vamos sufriendo. Los argentinos no poseemos un conocimiento realista y reflexivo de cómo somos, ni de que actitudes y obras resultaron positivas y cuales negativas para nuestra superación como hombres sociales, y lo que es peor, no hemos sabido apartarnos y condenar, las malas prácticas que nos sumieron en la desesperación.

Hemos dejado en manos de unos gobernantes indecentes nuestras vidas, y de esas omisiones no somos plenamente conscientes. Nos dejó dicho García Morente que “es evidente que un pueblo, una nación, una época y la Humanidad misma son, en todo y por todo, como si fueran personas. Son propiamente quasi-personas. Una Nación, al ser casi persona, es y actúa, en líneas de idealidad admisible, como una persona, como un ser humano”. Aunque resulte triste y doloroso, hay que reconocer que en nuestro país, la que ha fracaso es la sociedad que conformamos todos los que aquí hemos vivido, e inevitablemente, de ello se deriva el fracaso de la Nación. No podía ser de otra forma.

La atención de esto asuntos, que hacen a la sociedad Argentina, no son temas para improvisados, y me estoy refiriendo a gente como uno, que lo puede hacer es plantear desafíos y dejar que los especialistas los resuelvan. Pero nada de ello será de valía si no hay voluntad sociopolítica para llevar a cabo los correctivos necesarios que se desprendan de los estudios e investigaciones.

En este tema, los especialistas tienen la palabra, el pueblo la determinación.

 

La definición del estilo del “ser” nacional

Seguramente dar respuesta a este interrogante sea una pretensión demasiado elevada como para poder resolverla en estas Ideas y Sugerencias, pero intentaré al menos dar algunos elementos de juicio para quien quiera intentarlo. Quizás la forma más grafica de definir un conjunto sea la simbología, mediante íconos, y si se trata de definir la personalidad de un pueblo, debe buscarse ese símbolo que represente las características y modalidades de su gente. Las naciones tradicionales los tienen, o al menos los pensadores han intentado definir mediante elementos simples complejas relaciones. Así nos encontramos con que la caracterización del hombre británico es la imagen del gentleman y como todo icono, su sola mención define las características esenciales sociales y estéticas del pueblo ingles.

Sin embargo cuando uno recorre las calles de Londres, seguramente que no se encontrará  con gentlemans caminando por sus calles, es más, seguramente que si contrastará la imagen estética que tenemos del gentleman con lo que luego encuentra en las calles de Londres creería estar caminando por otro país. Pero ¿podemos por el cambio de su estética dejar de pensar que esa idea del orden de la sociedad británica caracterizada por el gentleman ha cambiado radicalmente?. Seguramente que no, pues en sus calles y a pesar del aspecto “loco” que muestra su gente, sus costumbres centenarias están intactas. En una ciudad de millones de habitantes y de calles estrechas, en la city londinense plagada de transporte público, se pude ver como los miles de sus típicos taxis que la circulan pueden girar en “U” en cualquier parte de la calle sin que ello cause el menor problema de circulación ni la ira de los otros conductores. Pero este no es más que un ejemplo, aunque relevante por lo caótico que en cualquier parte del mundo resulta la circulación, de la estructura y el orden que caracterizan al británico.

García Morente intento simbolizar en “Ideas de la Hispanidad” (1938), el ser hispánico, y en esa línea afirmaba y se interrogaba,  “un estilo no puede definirse, porque el estilo no es un ser -ni real, ni ideal-; no es una cosa, no es un posible término ni de nuestra conceptuación, ni de nuestra intuición. Hay cosas que no pueden definirse -como por ejemplo un color-, porque son objeto de intuición directa. El estilo no es tampoco de las cosas; porque el estilo no es cosa, sino «modalidad» de cosas; ni es ser, sino «modo» de ser. No es un objeto que nosotros podamos circunscribir conceptualmente, ni señalar intuitivamente en el conjunto o sistema de los objetos. El estilo no puede pues, ni definirse ni intuirse. Entonces, ¿qué podemos hacer para conocerlo? ¿Cómo podremos formarnos alguna noción o idea o evocación o sentimiento de lo que es el estilo hispánico?” . Intento García Morente encontrar el símbolo en el Quijote y Sancho, en el Cid, en las meninas de Velásquez, pero la temporalidad del personaje le hacían perder la consistencia que buscaba. Así creyó ver en el caballero cristiano el símbolo de la hispanidad.  “El caballero cristiano -como el gentleman inglés, como el ocio y dignidad del varón romano, como la belleza y bondad del griego- expresa en la breve síntesis de sus dos denominaciones el conjunto o el extracto último de los ideales hispánicos”. “El caballero cristiano es, pues, esencialmente un paladín defensor de una causa, deshacedor de entuertos e injusticias, que va por el mundo sometiendo toda realidad -cosas y personas- al imperativo de unos valores supremos, absolutos, incondicionales”. “Hay en la mentalidad del caballero cristiano al mismo tiempo optimismo e impaciencia; optimismo como fe absoluta en el poder moral de la voluntad; impaciencia como demanda de transformación inmediata y total, no gradual y progresiva”. “El caballero cristiano cultiva la grandeza, porque desprecia las cosas, incluso las suyas, las que él posee. Pone siempre su ser por encima de su haber. Se confiere a sí mismo un valor infinito y eterno. En cambio no concede valor ninguno a las cosas que tiene. Vale uno por lo que es y no por lo que posee. Don Quijote lo afirma: «dondequiera que yo esté, allí está la cabecera»”. “una de las características esenciales del caballero cristiano -y por consiguiente del alma hispánica- es la tenacidad y eficacia de las convicciones...... La valentía del caballero cristiano deriva de la profundidad de sus convicciones y de la superioridad inquebrantable en su propia esencia y valía. De nadie espera y de nadie teme nada el caballero, que cifra toda su vida en Dios y en sí mismo, es decir en su propio esfuerzo personal..... El caballero no conoce la indecisión, la vacilación típica del hombre moderno, cuya ideología, hecha de lecturas atropelladas, de seudo cultura verbal, no tiene ni arraigo ni orientación fija...... El caballero es hombre de pálpitos más que de cálculos. ¿Imagináis a los conquistadores calculando y computando sabiamente las posibilidades de conquistar Méjico o el Perú?”

He querido reflejar estas disquisiciones de García Morente en su intento por definir al hombre hispano, pues seguramente nos pueda ayudar a resolver nuestra propia identidad. No obstante y a pesar de que García Morente haya descartado como icono del español el Quijote, las propias definiciones del caballero cristiano describen al Quijote. Cobra especial interés reproducir las definiciones que G.M. realiza sobre la vida pública y la privada, y sin salirnos del contexto en el que se realiza el ensayo, y considerando la importancia del fondo que se quiere definir, la hispanidad, y no en otro orden, leer con detenimiento los siguiente fragmentos, los cuales deben ser considerados bajo dos premisas: a) que fueron escritos en 1938, b) y que responden a una disquisición del Ser hispánico, y no a una defensa de los propios argumentos y definiciones, las que sacadas fuera del contexto, pueden resultar lesivas. Dice García Morente, “Nuestra época actual, desde 1850, propende a reducir al mínimum la vida privada, concediendo, en cambio, un amplísimo margen a la vida pública. Un sinnúmero de relaciones que antes eran privadas -individuales o familiares- se han convertido hoy en públicas-sociales. Puede decirse, en general, que en nuestra época la vida pública tiende a absorber la vida privada. En cambio, la época histórica llamada Edad Media se caracteriza esencialmente por el gran predominio de lo privado sobre lo público; la mayor parte de las relaciones humanas en esa época medieval propenden a constituirse como relaciones personales privadas, de hombre real a hombre real. Por eso, el proceso de «modernización», el paso de la Edad Media a la época actual, se señala por la «publificación» -perdónese el algo bárbaro neologismo- de la vida; es decir, por la creciente e incesante conversión de lo privado en público. Los historiadores de la Revolución francesa usan, para señalar esta conversión o paso hacia lo público, una palabra muy expresiva: abolición de los privilegios, o sea de la ley privada” .....” . Pero el ideal del caballero cristiano está, como hemos visto, arraigado en la confianza en sí mismo, en la afirmación de la personalidad propia -de la personalidad real, efectiva, no la jurídica y formal-. Esto quiere decir que el caballero percibe la vida colectiva preferentemente bajo el ángulo de la relación privada. El caballero camina por el mundo sin más norma que su ley propia, su ley privada, su «privilegio»...... Al caballero cristiano le es, en el fondo de su alma, profundamente antipático todo socialismo, o sea, la tendencia a vaciar en moldes de relación y vida públicas lo que por esencia constituye el producto más granado de la persona particular, real y viviente. Para el caballero cristiano, la justicia es un modo inferior de la caridad; y la más sagrada obligación es la que libremente se impone el hombre a sí mismo; como el más intangible derecho es el que cada cual, por su propio esfuerzo, mérito o valor, llega a conquistarse para sí y los suyos”.

“En esta concepción de la vida como vida privada, hay, sin duda, hoy, cierto anacronismo. Pero no sabemos si por retraso o por adelanto. Algunas de las consecuencias que de esta concepción se derivan, cuentan entre las naciones más adelantadas del momento actual. La hostilidad profunda del caballero español a todo formalismo falso, se compadece mal, claro está, con eso que se ha llamado democracia y con la ridícula farsa del parlamentarismo. El caballero no puede ser demócrata ni parlamentario. Estas dos formas de relación son el prototipo justamente de eso que hemos llamado «publificación de la vida». He aquí que se atribuye soberanía y mando, no al o a los que más valen y pueden y saben, sino a los «elegidos» por sufragio. La falsedad es tan patente, que llega a ser irritante. La competencia, la capacidad, la valía personal son sustituidas por una designación hija del soborno material o espiritual, por un nombramiento que se encomienda -locura insigne- a la masa irresponsable, caprichosa e irracional. A tal y tan absurda consecuencia tenía que llegar una doctrina que empieza por escamotear la realidad de cada hombre, para substituirla por la abstracción irreal de los «ciudadanos», todos iguales entre sí. Mas para que dos hombres sean entre sí iguales, claro está que hay que empezar por despojarlos de todo lo que cada uno de ellos es en realidad y reducirlos así a la mera función abstracta de los conceptos. Aquí tocamos, por decirlo así, con la mano la diferencia radical que existe entre la personalidad privada y la personalidad pública; y vemos, por decirlo así, con nuestros propios ojos la realidad de aquélla y la abstracción irreal de ésta. El caballero cristiano no podrá jamás comprender la idea del contrato social, ni la lista de los derechos del hombre y del ciudadano. Ahora bien, esta preferencia de la vida privada -de la lex privata- sobre la pública, tiene, por otra parte, algunos inconvenientes. Es innegable, por ejemplo, la imperfección de que siempre han adolecido en España aquellas formas de vida que indispensablemente tienen que ser públicas. Así, en épocas normales, España es un país difícil de gobernar; porque obtener la obediencia a la ley no es fácil en un pueblo para quien la ley no es lo supremo, ni la vida pública la más alta norma. Cada español propende un poco a considerarse, en efecto, como «privilegiado» y exento. Pues, ¿qué tiene que ver con Don Quijote la Santa Hermandad? En cambio, cuando en algún momento punzante de la historia las circunstancias aprietan a España y a los españoles, entonces, ¡qué magníficos ejemplos de cohesión, de heroica abnegación y de disciplinada eficacia! Entonces, la ley privada de cada español coincide y armoniza con la de todos los demás, y se produce el caso de un país entero alzado en suprema tensión, para afirmarse radicalmente contra la amenaza a su nacionalidad”. “Por eso, en el fondo, el pueblo español ha sido siempre rebelde a ese tipo de normas o leyes que se fundan en abstracciones puramente doctrinales. Durante el siglo XVIII, y más aún, durante el XIX, España se aparta de la marcha que el mundo emprende hacia una concepción racionalista de la vida. El aislamiento español durante esos siglos consistió precisamente en eso. El ideario profundo de España repugnaba esas formas de vida pública. Y justamente la reaparición de la España actual en el gran escenario del mundo histórico, coincide con un instante de profunda crisis, en que ya se ven despuntar concepciones nuevas y más congruentes con el sentido realista de la hispanidad eterna”.

Es evidente, y ya se aclaró al comienzo, que intentar definir el simbolismo de la argentinidad o del ser argentino no es tarea fácil, pero sin lugar a dudas, muchas de las definiciones e interpretaciones que GM hace del Ser hispano, en parte se adaptan al Ser argentino, lo cual en principio guarda cierta lógica. Así en nuestro medio, encontramos que la figura del gaucho, el compadrito porteño, o el coya, son recurrentes cada vez que queremos definir una fisonomía  o una región; tanto se emplea en el marketing turístico como en estudios sociológicos quizás por ser los símbolos que mejor representan las diferentes identidades culturales que integran la nación. Las dos primeras figuras representan una concepción de vida típicamente local, cada una en su región, pero no así el indio del norte, el cual presenta más semejanza con otras culturas Latinoamérica, que con los habitantes de la pampa o el puerto. Por otra parte sería una insensatez pretender representar en el coya al indio originario de estas tierras, poblada antes de la colonización por diferentes pueblos inconexos y de muy diferentes costumbres.

Trazar una semejanza entre los semblantes de cada representante regional pareciere en principio de difícil solución ya que no se encuentran –en principio- rasgos físicos o costumbres comunes, aunque sí quizás podamos identificar algunos rasgos y comportamientos similares. La picardía, la fe en la religión, la prepotencia, el escaso apego al trabajo pueden ser puntos comunes. No obstante la dinámica y la adaptación que cada hombre regional presenta, constituye una barrera difícil de superar y por ello no encuentro que podamos consustanciar en un símbolo la definición del Ser argentino

También se puede suponer que estas diferencias debieren de ocurrir por ejemplo en España, país multicultural y con un regionalismo histórico muy tremendamente reivindicado, y realmente así lo es, y es que en la caracterización que realizaba sobre el caballero cristiano G.M., probablemente su mayor error fue intentar definir la hispanidad pensando en Castilla, ya que seguramente todo lo que escribió sobre el caballero, fue pensando en el castizo que en nada se parece en la forma de ser y actuar a un catalán,  vasco o gallego.

Por lo tanto, pareciera que intentar en tierras de gran diversidad de culturas encontrar un estereotipo, nos lleve a caer en errores que lejos de definir y precisar, confundan y tergiversen. Cuando nos referimos a la “viveza criolla” estamos haciendo referencia a un comportamiento muy extendido, aunque preferentemente asociado al hombre de las grandes urbes, razón por lo cual la gente de las provincias recela. La  "viveza criolla" refiere a una forma de progresar trepando, siguiendo la línea del menor esfuerzo e ignorando las normas y el sentido de responsabilidad sin escatimar los medios a emplear ni medir las consecuencias o perjuicios que se crea a demás. Cuando “los vivos” llegaran al poder, como son inmorales y egoístas les importará muy poco el bienestar de la sociedad sino el de ellos mismos. Estos individuos cuando se alzan con el poder, descreen de la justicia, aprovechan la oportunidad para enriquecerse haciendo de la corrupción una forma de vida. "El vivo vive del zonzo, y el zonzo de su trabajo", “si yo no robo robará otro” son dichos populares que define de cuerpo entero al “vivo” que la viñeta del personaje de Lino Palacio, Avivato, representa magníficamente a un argentino oportunista, falso, sobrador, coimero y ventajista.

Otra forma de calificar a una amplia población hace referencia a la “pachorra”, ante lo cual inmediatamente asociamos al “provinciano”, fundamentalmente el norteño. La pachorra está asociada a la indolencia y a la poca vocación para trabajar con ahínco algo muy común entre nosotros.

Por último haré mención a otro símbolo de identidad nacional, el estilo de vida americano. Allí también la integración social se formó con corrientes migratorias de gran diversidad y las tribus indígenas locales, las que manifestaban marcadas diferencias. Sin embargo la integración, sin duda traumática y con millones de muertos asesinados, superada la guerra civil y la colonización con el ferrocarril como motor de la integración, se logró que las diferencias étnicas y culturales se fundieran detrás de un objetivo común: fundar una nación apoyada sobre tres pilares, el sistema democrático de gobierno,  la sociedad de consumo y la libertad de mercado. Así la sociedad construyó  una relación armónica entre la posesión de bienes materiales y la moral cristiana, lo cual ha hecho de la familia americana, un ejemplo de convivencia respetuosa en un ámbito de prosperidad sin igual. Sin lugar a dudas la diferente evangelización cristiana que tuvo lugar en ambos extremos del continente americano, a través de sus diferentes preceptos, contribuyo a modelar dos formas sociales de entender la vida. Asi vemos que tanto en el norte como en sur el expansionismo territorial de los colonos fue en detrimento del hombre de tierra, los caminos que recorrieron la republica del norte, los Estados Unidos, y las del sur, fueron divergentes. Mientras en el norte la organización social se fundó sobre la moral, el respeto y el trabajo, en el sur la pereza impidió que la prosperidad fructificara, el respeto desapareciera y la inmoralidad se apropiara del poder. ¿Hasta dónde se puede justificar dos estilos de sociedad tan diferentes en la influencia de la evangelización?.

INDICADORES DEL DESARROLLO MUNDIAL

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PREMISAS PARA LA NUEVA REPÚBLICA

(Tercera parte)

LOS NIVELES DE REPRESENTACIÓN Y SU FORMA DE GOBIERNO

En capítulos anteriores me he referido a las diferentes posibilidades que se conocen para organizar un nivel de gobierno. En el caso del Gobierno Nacional, mi propuesta es un sistema presidencial con primer ministro, en el que el Presidente es el Jefe de la República y se designa mediante voto directo popular  y el Jefe del Gobierno elegido por el Parlamento a propuesta del Presidente. La duración en el cargo del presidente será de seis años y la vida del parlamento de cuatro años y se renovará totalmente. El Presidente no podrá disolver la legislatura, pero en el caso de que fracase en dos oportunidades consecutivas la formación del gobierno por parte de quien haya convocado para tal fin el presidente, la legislatura se disolverá automáticamente y se convocará a nuevas elecciones.

La Legislatura Nacional estará formada por la Cámara de Senadores como cámara territorial y la conformarán los senadores que serán elegidos por los parlamentos regionales en número fijo de uno por cada provincia y dos por cada región. Además participaran de ésta cámara los jefes de los gobiernos regionales, con voz pero sin derecho a voto.

La cámara de los diputados representará al pueblo, y para su elección se consideraran las circunscripciones provinciales. Su número será función de su población y en la tabla anterior, se ha hecho un esbozo de regionalización y del número de diputados según la relación de población, considerando que los mismos se eligen mediante el voto popular y en circunscripciones binominales.

Los Gobiernos Regionales adoptarán la forma de gobierno parlamentaría. Las legislaturas serán unicamerales y se elegirán diputados. De la composición de la legislatura surgirá el gobierno regional. En la tabla anterior se indica tentativamente el número de diputados que integrarían cada legislatura regional, los que serán elegios según las circunscripciones provinciales y en número mínimo de cuatro diputados regionales por cada circunscripción.

Las Administraciones Provinciales adoptarán la forma parlamentaría. Las legislaturas serán unicamerales y estarán constituidas por un mínimo de 11 diputados y un máximo de 19 y de ellas se elegirá un Administrador General que será quien ejerza la administración provincial y cuatro diputados que se encargarán de las funciones de Interior, Hacienda, Infraestructuras y Servicios Sociales. Serán remunerados aquellos cargos que ejerzan una función ejecutiva (5) y los restantes integrantes de la legislatura, solo percibirán dietas por asistencia a las reuniones plenarias. La legislatura solo podrá formar comisiones especiales, integradas por tres parlamentarios, con un objeto extraordinario y determinado y con una duración inferior a los dos meses. Por su asistencia percibirán dietas.

El Gobierno del Municipio adoptará un sistema mixto, mediante la elección del Intendente por el voto directo del pueblo y un Concejo Deliberante el que estará conformado por un número que variará entre 5 y 25 concejales, según la población. El cargo de intendente será remunerado así como el de quien resulte presidente del Concejo. El resto de los concejales recibirá una dieta por la asistencia a las reuniones plenarias. El Consejo solo podrá formar comisiones especiales y con carácter extraordinario, integradas por un mínimo tres y máximo de cinco concejales, con un objeto determinado y con una duración inferior a un mes. Por su asistencia percibirán dietas.

Un caso especial lo constituirán las ciudades con más de 250.000 habitantes, para las que habrá que legislar al respecto.

Bases para la constitución de mancomunidades de municipios

Ya he explicado la importancia de esta figura y aquí se dan algunos elementos a tener en consideración a la hora de conformar dicha estructura.

1. El territorio de la mancomunidad será el constituido por el conjunto de los municipios que la integran.
2. Los servicios que preste la mancomunidad podrán establecerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio mancomunado.
3. La Mancomunidad, como Entidad local territorial, tendrá personalidad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines.

Competencias de la mancomunidad.

1. La Mancomunidad  tendrá a su cargo la ejecución de obras, la prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, cooperando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios.
2. Asimismo, la Mancomunidad  representará los intereses de la población y del territorio comprendido dentro de la delimitación de los municipios que la integran.
3. La Mancomunidad  podrá ejercer competencias en las siguientes materias:

a)    Ordenación del territorio y urbanismo.

b)    Infraestructura y Transportes.

c)    Protección del medio ambiente.

d)    Servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos.

e)    Agricultura, ganadería y montes.

f)     Patrimonio cultural.

g)    Deportes.

h)    Promoción del turismo.

i)      Energía y promoción industrial.

j)      Ferias y mercados.

q)  Protección civil.

4. Igualmente, la mancomunidad podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos se incluyan.
5. La Mancomunidad  creará un servicio de cooperación y asistencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las materias jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica.
6. Igualmente, cooperará con los municipios que la integran estableciendo y prestando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil cumplimiento. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones económicas que procedan.
7. La Mancomunidad podrá asumir competencias transferidas o delegadas de la Administración Nacional, Provincial, y de los municipios que la  integran, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la legislación sobre Administración Local.

Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Mancomunidad  en el ejercicio de sus competencias, obligarán tanto a los municipios que la integran, como a las personas físicas y jurídicas a quienes puedan afectar.
2. La Mancomunidad  podrá utilizar para el desarrollo de sus fines cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídico vigente.
3. La Mancomunidad se organizará según el siguiente cuadro:

a)    El Consejo de la Mancomunidad.

b)    El Presidente

c)    La Comisión revisora de cuentas

4. El Consejo de la Mancomunidad está integrado por el número de miembros (concejales) que resulte de la aplicación de la siguiente escala, referida a los residentes del conjunto de municipios: Hasta 20.000 habitantes, 11 miembros. De 20.001 a  55.000 habitantes, 17 miembros. De 55.001 a 150.000 habitantes, 21 miembros. De más de 150.001 habitantes 27 miembros. Los consejeros actuarán ad honorem, y solo percibirán una dieta por la asistencia a las reuniones del Concejo.
5. Una vez constituidos todos los municipios que integren la mancomunidad, la Junta  Electoral de zona procederá a formar una relación de todos los partidos políticos, coaliciones, federaciones, y de cada una de las agrupaciones de electores que hayan obtenido algún concejal en los municipios, ordenándolos en orden decreciente según el número de votos obtenidos. Proporcionalmente al número de escaños obtenido por cada agrupación se distribuirán los puestos a ocupar en el Concejo de la Mancomunidad.
6. El Concejo de la Mancomunidad, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Reglamento orgánico, podrá regular los órganos complementarios que considere necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los órganos de la mancomunidad y los municipios respectivos.
7. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva integrada por todos los Intendentes de la comarca, este se reunirá al menos dos veces al año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como cualquier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente.

Concejo de la Mancomunidad.

1. El gobierno y la administración de la Mancomunidad corresponderán al Concejo de la Mancomunidad, integrado por el Presidente y los Consejeros.

Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto anteriormente, la Junta Electoral competente convocará separadamente, a todos los concejales de los respectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obtenido representación para que designen de entre los Concejales electos a los que hayan de ser proclamadas miembros del Concejo y, además, correlativamente, los suplentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco o igual al número de candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra.
2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un tercio de los miembros que le correspondan en el Concejo de la Mancomunidad entre concejales que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los puestos que le correspondan.
3. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la mancomunidad no serán remunerados, sin perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fijar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

Elección del Presidente.

1. El Presidente de la mancomunidad será elegido de entre los miembros del Consejo Comarcal, en la misma sesión constitutiva y será el único cargo remunerado.

Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada mes y se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de solicitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que haya sido solicitada.
2. Corresponde al Concejo de la Mancomunidad la aprobación de su personal conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto por la legislación que regule la Administración Pública. Si las necesidades funcionales de la mancomunidad lo aconsejan, podrá crearse un puesto de trabajo denominado Gerente, al que corresponderá la gestión técnica y ejecutiva, así como el impulso de los servicios de la misma.

Ingresos.

1. La Hacienda de la Mancomunidad estará básicamente constituida por los siguientes recursos:

a)    Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de actividades de su competencia.

b)    Transferencias de la provincia.

c)    Las aportaciones de los municipios que la integran, las que se establecerán en  Pleno del Concejo de la Mancomunidad según los criterios definidos para determinar las aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente, serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de los servicios que la mancomunidad preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios.

Patrimonio.

1. El patrimonio de la mancomunidad estará integrado por toda clase de bienes, derechos y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones aplicables en general a las Entidades Locales.
2. Aportaciones municipales y obligatoriedad.
3. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Presupuesto aprobado por el Concejo de la Mancomunidad, se distribuirán entre los municipios que la integran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada municipio.

La federación de municipios

En la misma línea de dotar de la nación de las estructuras políticas y administración que den cause de participación al ciudadano, encuentro en la Federación de Municipios, una herramienta muy útil para que las entidades locales tengan fuerza y presencia frente a las demás instituciones de la Nación. Una de los mayores problemas con los que se encuentran los municipios, es la poca fuerza con la pueden defender sus iniciativas –las que generalmente son compartidas- debido entre otras causas, a la escasa representación que individualmente cada uno tiene frente a los otros poderes. Por ello y tomando como ejemplo la Federación Española de Provincias y Municipios, transcribiré los fines que persigue tal organización, en las que los municipios actúan por adhesión voluntaria y con un número de votos en función de su población:

Los fines fundacionales y estatutarios de la FEMP son los siguientes:

a)    El fomento y la defensa de la autonomía de las Entidades Locales.

b)    La representación y defensa de los intereses generales de las Entidades Locales ante otras Administraciones Públicas.

c)    La prestación de toda clase de servicios a las Entidades Locales.

d)    El desarrollo y consolidación del espíritu (europeo) en el ámbito local, basado en la autonomía y solidaridad entre los todas las Entidades Locales.

e)    La promoción y favorecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con las Entidades Locales y sus organizaciones en el ámbito internacional, especialmente el europeo, el iberoamericano y el árabe.

f)     La gestión de programas del Gobierno destinados al ámbito local.

PREMISAS PARA LA NUEVA REPÚBLICA

(*) El artículo pertenece a Ideas y Sugerencias para la Fundación de la Cuarta República y fue  presentado en septiembre de 2001 al ex presidente De la Rúa.

(Segunda parte)

Las Regiones Federales.

La regionalización del país como elemento de descentralización  nacional y fortalecimiento territorial, es una imperiosa transformación que debemos encarar sin dilación. En el principio de subsidiaridad se encuentra una idea tan simple como efectiva que recomienda que las decisiones se deban tomar en aquel nivel de la administración en que resulten ser más eficaz para cumplir con su finalidad.

Un aspecto importante consiste en revisar la actual estructura de división política y administrativa del país –provincias y municipios-  como base de la organización territorial en donde reside el federalismo constitucional. En estas Ideas y Sugerencias se propician una regionalización de nuestro país, incorporando la figura de la Región Federal. Nuestros antecedentes constitucionales definen claramente el concepto federal nacido de la voluntad de las provincias de constituir un Estado Federal, al cual lo dotaron de las competencias que los Estados provinciales cedieron a la nación. En cuanto a la soberanía nacional, en los sistemas federales, la soberanía es compartida, bajo la premisa de la lealtad constitucional entre los Estados Provinciales y la el Estado Nacional, y ello constituye uno de los principios fundamentales del modelo de distribución territorial del poder público.

En el federalismo, los estados que lo componen participan como tales, en la formación de la voluntad general manifestada en la conformación de las leyes con la participación de los Senadores en representación de los estados provinciales, tal como la disponía la constitución de 1853. La cámara de senadores tiene la obligación de examinar la legislación desde el punto de vista de cómo afecta ésta a los intereses territoriales. Esta clase de presencia y misión, también se registra, por ejemplo, en el Senado EE. UU (dos senadores por estado) o en el Bundesrat alemán (199 senadores), símbolos del federalismo universal. El Bundersrat (cámara de las regiones) tiene un veto efectivo sobre la legislación y está compuesta por representantes de los gobiernos de los estados. Y también lo fue así en la Argentina hasta que la brutal reforma constitucional de 1994 destruyó uno de los puntales del sistema federal, al desvirtuar la razón de ser de Senado como cámara de representante de los estados provinciales. Hoy el Senado, al ser los Senadores elegidos en forma directa por el pueblo, modificó drásticamente el origen del mandato de los Senadores el que antes recaía en los parlamentos provinciales, asimilándolo en su concepción, a la Cámara de los diputados, cuya representación sí corresponde en una organización federal al pueblo de nación. Francia es otro ejemplo de elección indirecta, donde los senadores (321 senadores) son elegidos por una asamblea (colegio electoral) de representantes regionales y locales, con el fin de que no solo representen los intereses de las regiones, sino también el de los gobiernos locales. En todos los casos de parlamentos con dos cámaras, la “otra cámara” siempre y al margen de cómo se elija a los representantes, personifican los intereses territoriales.

Respecto de las facultades delegadas por los estados provinciales argentinos a la nación, los fracasos son múltiples. Por ejemplo la facultad de emitir moneda que se delegó en la nación y que hemos visto burlada en los últimos años con la emisión de  bonos por parte de las provincias, los que se utilizan como moneda de curso legal. En sentido inverso, muchas de las transferencias de la nación a las provincias se debió a la llamada “reducción del estado nacional”, la cual no respondió a una planificación consensuada, sino al hecho de quitarse competencias con el fin de disminuir (falazmente) el déficit presupuestario nacional, trasladándolo a las provincias.

No se trata aquí de analizar cada una de las principales deficiencias que con el correr del tiempo se han ido produciendo en la relación de competencias entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales, pero no se puede dejar de mencionar por ser de vital importancia, lo que conocemos como coparticipación federal de ingresos fiscales.  Los ingresos fiscales constituyen uno de los pilares donde se debe apoyar la organización nacional, y por lo tanto, no es prudente que los Estados Provinciales continúen cediendo los derechos de recaudación a la nación para que esta los devuelva, teóricamente, mediante los supuestos de la coparticipación, sino que debemos ir a una política de recaudación de correspondencia fiscal, en donde las regiones sean las principales artífices de la recaudación. Esta cuestión, unida al rediseño de las competencias que hoy sostienen cada uno de los estados, se deben debatir en el marco del Proyecto Nacional, en donde y a la luz del avance tecnológico, la globalización de la economía, el comercio, y la mala experiencia del actual modelo de coparticipación, se rediseñe un sistema de esfuerzo compartido y equidad distributiva que propicie una verdadera República Federal. En resumen, para que el federalismo sea una realidad se necesitan dos pilares, el político, plasmado en la organización territorial, y el de los ingresos con los que satisfarán todas las obligaciones de cada uno de los estados territoriales. Hoy en nuestro país el primero está herido de muerte y el segundo extinguido, y así no hay federalismo.

Es prudente aclarar que, si bien en estas Ideas y Sugerencias estará presente el espíritu del mayor desarrollo de las competencias por parte de las regiones y los organismos locales (municipios, mancomunidades), no debemos perder de vista las relaciones supraregionales que deben existir, ni tampoco perder de vista el objetivo de la unidad y homogeneidad de la nación, no solo como expresión jurídica, si no también de calidad de vida, y sin caer en la tentación de una confederación de estados, en los que cada uno diseñe y adopte formas diferentes cuando no contrapuestas de organización y esquemas en materia de políticas sociales, económicas, educativas o sanitarias, las que una nación federal deben guardar una coherencia nacional. En la Argentina de hoy, hay serios síntomas de que esto está ocurriendo, por ejemplo, en la educación en donde cada provincia va a su aire en cuanto a la conformación de planes de estudio, niveles de exigencias y esfuerzo presupuestarío.

La regionalización del país

Para abordar el análisis de la regionalización, debemos tener en cuenta la estrecha relación que existe entre los conceptos de gobierno y administración, cuyas fronteras en algunos casos son difusas. La función de gobierno es una actividad propiamente política, en el sentido de que establece las directrices o grandes orientaciones del funcionamiento de los órganos públicos con la finalidad de alcanzar los objetivos esenciales del Estado, es decir, que el gobierno se involucra en:

 a) La concepción de políticas globales y sectoriales.

 b) La determinación de prioridades.

 c) La asignación de recursos financieros y medios materiales para la consecución de la planificación.

La función administrativa por su parte, tiene a su cargo la realización material o concreta de aquellas decisiones, y por ende es una función eminentemente fáctica que se debe subordinar al principio de subsidiaridad y debe perdurar más allá de la gestión política.

Por lo tanto, es preciso tener presente los conceptos de  división política  y división administrativa a los efectos de proponer una organización viable y sustentable en el tiempo. En ese sentido destacamos el concepto de descentralización, afirmando que las Regiones Federales que propongo no es sólo una forma de concebir el funcionamiento del Estado, sino que es sobre todo, una forma de articular el poder político, es decir, una forma de repartir ese poder.

La autonomía dentro del ordenamiento estatal se manifiesta al menos en dos aspectos principales: uno, en cuanto al origen o constitución de la entidad, la que se expresa en la facultad de regular su propia estructura y darse la forma de gobierno y administración que estime más apropiada para cumplir sus propios fines; y dos, respecto al ejercicio de sus funciones específicas, para lo cual cada entidad deberá decidir dentro de ella con plena independencia respecto de otros estamentos.

En función de las observaciones realizadas, en estas Ideas y Sugerencias se propone que el Estado Nacional se organice territorialmente en Municipios, Provincias y las Regiones Federales que se constituyan. Las Regiones y Provincias deberán gozar de autonomía para la formulación de su forma de gobierno, y los municipios deberán adoptar la forma de gobierno que las legislaturas provinciales definan.  Sin embargo, los tres niveles gozarán de independencia para el ejercicio de sus funciones específicas y debiendo existir un sistema de contralor en cada nivel y entre ellos en forma reciproca.

De este modo las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, podrán constituirse en Regiones Federales Autónomas.

Si bien es cierto que nuestro sistema federal en teoría se acerca al modelo propuesto, en la práctica no ocurre así, ya que existen intervenciones cruzadas en todas las direcciones. Por ejemplo, con la ausencia de correlación fiscal y la consecuente autofinanciación de sus presupuestos, cuestión clave para una organización federal responsable. Como ya analizaremos, el objetivo de la regionalizan tiene el doble propósito del reequilibrio competencial, dotando de masa critica a la nueva estructura regional para que bajo el principio de la subsidiaridad, las regiones adquieran responsabilidades fiscales, quedando para más adelante si así resolviere, una segunda transferencia, desde la región hacia las entidades locales, (provincias y municipios).  Esta división político-administrativa tendrá por objeto:

a)    Promover la optimización de los recursos, hacer viable la fiscalidad y reordenar la distribución geográfica de la población.

b)    Propiciar una participación efectiva de la población en la definición de su propio destino como entidad local.

c)    Acercar a la sociedad la igualdad de oportunidades y recibir los beneficios del proceso de desarrollo.

d)    Propender la necesidad de una mejor utilización del territorio y sus recursos naturales.

e)    Incorporar al seno de las Regiones, Provincias y Municipios las ideas de desarrollo y planificación local, dentro del contexto del Plan Nacional.

La introducción de la figura del gobierno regional constituye quizás la más importante innovación que se propone en este trabajo, respecto de la estructura del Estado desde el punto de vista orgánico y funcional. Consagrar una administración regional con atribuciones fiscales que le proporcione recursos financieros propios y responsabilidad directa en el desarrollo económico, comercial, social y cultural en las esferas de competencia propias de cada región, es el más grande desafío que tenemos por venir. Para ello la verdadera revolución federal consiste en invertir el esquema de coparticipación, haciendo recaer en las regiones el peso de la recaudación fiscal, incluso al extremo de que la recaudación recaiga exclusivamente en las regiones. Siendo así las Regiones deberán pagar un cupo a la Nación en función de las Competencias que ésta conserve, pero nuca al revés (coparticipación inversa). Entre las actividades delegadas en la Nación, estarán las relaciones exteriores, la administración de la Defensa y Seguridad de la Nación y el gerenciamiento del Proyecto Nacional, injerencia del gabinete del Gobierno y Parlamento Nacional. Este esquema conforma uno de los pilares fundamentales sobre el que se debe apoyar la Nueva República.

Es evidente que la propuesta de regionalizar tiene el correlato de una pregunta, ¿para qué crear la figura de la Región Federal, si la descentralización cabria realizarse sobre el actual esquema de Provincias?. En principio no hay nada que lo descarte, pero no me parece oportuno atomizar en veinticinco estados ciertas competencias, simplemente por una cuestión de eficiencia, algo que guarda relación directa con una cierta masa critica que se necesita para encarar desafíos importantes en temas que de no ser así, seria imprudente descentralizar. Entre las competencias propias de las regiones estaría la gestión de:

a)    La ordenación territorial

b)    La responsabilidad fiscal

a)    El comercio interior y exterior en cuanto a la promoción se refiere

b)    El desarrollo de la industria, la agricultura, pesca y minería;

c)    El transporte local y su inserción dentro del Plan Nacional

d)    La administración de Justicia

e)    La función de Policía y Seguridad (compartida con la nación)

f)     La protección del medioambiente

g)    La promoción del turismo, deporte y cultura

h)    La gestión de la educación

i)      La investigación científica.

Todas y cada una de las cuestiones antes referidas deberá estar en un todo de acuerdo con el marco delineado en el Proyecto Nacional.

Está comprobado que la riqueza de las regiones se correlaciona con la cualificación de su población, la calidad de sus recursos (no solo naturales) y como se gestionen los mismos.  Por otra parte, no es conveniente multiplicar (por 25 según el numero actual de provincias, entre la que se incluye la capital), ciertos organismos que estarían realizando idénticas funciones a escasa distancia (capitales de provincias). La necesidad puramente funcional de la planificación económica y la prestación de servicios sobre zonas de mayor población motiva, en algunos casos, la agrupación de las provincias tradicionales en regiones federales. En otros casos, por ejemplo el conurbano bonaerense, ocurre justamente lo contrario.

Sin que esto sirva de argumento central, pero vale el dato, los estados que conforman la Unión Europea, -incluso la más centralista, Francia-  tienen este tipo de estructura regional, al igual que Canadá. En el extremo del centralismo, al menos en cuanto a los aspectos fiscales, se encuentra Australia, país al que por cierto, no le va nada mal. Esto se explica, y así se lo debe interpretar, que podemos hacer de las doctrinas y esquemas de organización una cuestión trascendente, aunque siempre primará la eficiencia por sobre los dogmatismos. Ahora bien es cierto que hay sistemas que facilitan la eficiencia, o si se quiere, dificultan caer en el desorden, y precisamente eso es lo que los argentinos debemos buscar, un sistema que propicie hacer de los gobiernos regionales instituciones virtuosas, algo que parece más probable de conseguir cuando las decisiones se toman lo más cerca posible del ciudadano. A su vez, la suma de gobiernos virtuosos hará de la República una estructura virtuosa, que es la única manera sustentable de insertarse en el primer mundo.

Cave destacar que en el proceso de regionalización federal debe estar presente la simetría, esto es, que todas las regiones recibirán un trato similar desde y hacia el Estado Nacional. Sin embargo, esto no debe ser óbice para que el nuevo esquema de reparto de competencias que se decida dentro del Proyecto Nacional, se deba asumir al unísono y bajo las mismas condiciones inicialmente para todas las regiones, sino que las delegaciones se deben adecuar a la mejor situación, que en tiempo y forma se evalúe y acuerde en cada caso. Ello llevaría a establecer un dialogo negociador entre las nuevas regiones y el Estado nacional, el cual en principio, no se debería agotar en el tiempo, aunque inicialmente tenga un ritmo mayor.

Lo expuesto significa la aplicación de un principio básico de la descentralización, que postula la maximización de beneficio social a partir del incremento de la eficiencia y la eficacia de la acción estatal, cuya gestión estará  directamente supervisada  por los mismos beneficiarios.

La iniciativa del proceso autonómico deberá corresponder a los Parlamentos Provinciales actuales y al Senado de la Nación en su carácter de Cámara territorial, los que deberían acordar la regionalización y someter su resolución a plebiscito de los ciudadanos de los territorios involucrados. Queda por debatir la necesidad de mantener o modificar las actuales divisiones locales, provincias y municipios, que como ya veremos en el caso de los municipios, esta institución no solo se verá fortalecida, sino que además se erigirá como el elemento fundamental de la estructura federal.

Una idea central de estas Ideas y Sugerencias es lo relativo al gasto público, considerando fundamental sujetar los gastos para el funcionamiento de la organización federal en todos sus niveles, a un porcentaje de la recaudación (convertibilidad fiscal) algo que indefectiblemente deben ser un precepto constitucional. La correlación entre el gasto y los ingresos públicos es algo irrenunciable y definitivo para el reaseguramiento de la viabilidad del Proyecto Nacional. Dada la histórica tendencia al déficit público y a la vulnerabilidad de las leyes que lo han intentado delimitar, en esta materia debemos ser inflexibles y categóricos, por ello se propone llevar este precepto a la mismísima Constitución Nacional, que como ya veremos, a quien la viole se le aplicarán las consecuencias derivadas de la prevaricación constitucional.

En cuanto a la distribución del gasto en los distintos niveles, por lo general en los países con una organización federal se estima correcto una repartición del peso del gasto del Estado (o participación del Estado en la vida de la nación) del orden de un 40%, otro 40% las regiones (y sus provincias), y 20% los municipios, procurando que la tendencia en todo caso fuese a disminuir las participaciones de la nación y regiones a favor del municipio. Claro que esto llevará tiempo, el tiempo que el sistema requiere para que se fortalezca la idea municipal, pero sin perder de vista la importancia del entorno nacional, algo que un país tan extenso y despoblado como el nuestro es importante observar en todo momento. Por ello se entiende que bajo el paraguas de la subsidiaridad, se reparta la responsabilidad recaudatoria como mínimo en un principio, en igual porcentaje entre la nación y las regiones, aunque como hemos dicho, esto dependerá inicialmente de las condiciones de partida de cada región.

Seguramente se pueda tener la impresión de que el sistema propuesto lleva a incrementar el número de representantes políticos, lo cual no tiene porqué ser; ya veremos cómo este aspecto cuando formule una propuesta de representación sobre el esquema propuesto. No obstante es prudente realizar algunas observaciones respecto de un tema muy trillado y no sin razón, cual es él número actual de representantes y el gasto que ello origina, y aquí debemos separar las dos cosas: 1) lo que significa en sí la actual relación entre población y representantes y 2) el gasto inútil –sea político o de cualquier origen-  algo que debemos estar todos de acuerdo en su abolición, ya que no debemos simplificar el problema creyendo que todo pasa por achicar el estado de representatividad o cerrar dependencias. Debe quedar claro que para administrar el país  debemos contar con el número de instituciones y organismos suficientes, que aseguren el correcto funcionamiento de la Nación. A su vez debemos observar un estricto cumplimiento, tanto en los métodos para promover el ingreso de los funcionarios a la función pública, como en el escalafón y las formas de promoción, para lo cual la legislación al respecto se debe basar en el criterio de excelencia y meritocracia, desterrando el concepto que ante la función pública somos todos iguales. En la base, en cuanto a los derechos individuales para el acceso a las diferentes opciones, si somos todos iguales, pero a partir de allí, en lo que concierne al esfuerzo, la capacitación y las aptitudes personales, estas deben recibir el justo premio del contrato concursal. Justamente al no tener como meta estos principios, la administración y la gestión política se a desacreditado a extremos tales que solo se nos ocurre como solución la reducción de su tamaño, sin tener en cuenta que se deben guardar ciertas relaciones de proporcionalidad entre la población, las dependencias públicas y el número de  funcionarios. Aquí se defiende el mercado como hecho económico, pero debemos tener claro que no es posible el mercado sin estado. 

Se trata por lo tanto, de introducir en la administración de la cosa pública el concepto de eficiencia que se deriva de la subsidiaridad, principio que considera la relación o vinculación de los ciudadanos y el personal burocrático encargado del desempeño de las funciones propias del gobierno, el que debe tener como norte, la simplificación, cercanía y rapidez de los trámites. Estos aspectos tienen relación con el esquema de regionalización y con la descentralización realizada desde el Estado nacional, pero también con la geografía del país y sus comunicaciones. En definitiva, que tratando sobre la regionalización, estamos hablando de la tan cacareada Reforma del Estado, en la que nadie parece querer entrar seriamente.

En el Proyecto Nacional se deberán delinear las formas en que se descentralizará la administración del Estado, así como la trasferencia de competencias a los gobiernos regionales y de estos a las entidades locales, (provincias y municipios) o las mancomunidades de municipios. A su vez, cuando un gobierno solicite el traspaso de competencias y recursos esta solicitud deberá estar sustentada con estudios y antecedentes que demuestren la viabilidad de tales traspasos.

Los principios en los que se deben basar la relación entre los estados, deben ser racionales, equitativos y solidarios desterrando la mala praxis en que el estado nacional se despoja de competencias de forma arbitraria, no por convencimiento o criterios de administración, sino que en muchos casos debido a circunstancias coyunturales o de presupuesto, como por ejemplo la falta de recursos para mantener el servicio en cuestión. Cuando las transferencias se realizan sin recursos o se deja en manos de administraciones que no están en condiciones de recibir lo transferido, el que se resiente es el servicio que se descentraliza o transfiere, ya sea por falta de presupuesto (recursos) o incapacidad para gestionarlo.  En cada transferencia se deben instrumentar los mecanismos institucionales de comunicación y debate entre la región y el nivel central o entre los niveles en los que se realiza la transferencia, que genere negociaciones interestatales responsables y serias, apoyadas en consideraciones técnicas y económicas para dar cabal cumplimiento al mandato de la descentralización administrativa.

En todo el proceso de regionalización debe participar intensamente la Cámara de Senadores como estamento parlamentario representante de los gobiernos de las Regiones. En virtud de ello sería deseable que los gobernadores o presidentes regionales integren la Cámara de Senadores como miembros con vos aunque sin voto.

Las asociaciones voluntarias entre estados que el esquema propuesto requiere, se debe constituir con criterios sustentables de estabilidad y no por el solo hecho de cuestiones económicas, como en alguna medida ya ocurre con el NOA, NEA, Cuyo, Mesopotamia, sino que la nueva estructura de la región deben sustentarse en hechos superiores, en donde la unidad del conjunto refuerce su peso dentro del esquema de poder de la nación, mediante el fortalecimiento de las estructuras locales y la reunión de sus sinergias. Por otra parte, el Proyecto Nacional debe propiciar incentivos específicos para las nuevas administraciones que se creen, de forma tal que el pueblo pueda apreciar los beneficios de la propuesta.

Resulta evidente que dada la anómala distribución de la población entre las actuales provincias, se deberá contemplar la constitución de regiones autónomas uniprovinciales en aquellos casos en que la magnitud socioeconómica y territorial lo justifique, por ejemplo Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires, tienen suficiente masa critica para la autogestión, lo cual les permite asimilar sin dificultad los nuevos desafíos. Más aun, en el caso de la provincia de Buenos Aires se debe contemplar la posibilidad de la división provincial, contemplando la provincia del conurbano con capital en La Plata, y el resto de la provincia con capital en Tandil.

No estoy de acurdo con ciertas campañas que se instrumentan recurrentemente para reducir los gastos de “la política” incluyendo la reducción del número de provincias o municipios. En estas Ideas y Sugerencias se aboga por todo lo contrario, si cabe el caso, por que se constituyan fundamentalmente todos los municipios que siendo viables, lo avale una organización administrativa territorial lógica. En cuanto a la división político-administrativa, España con 41,8 millones de habitantes cuenta con 17 Regiones Autónomas, dos Ciudades Autónomas, 36 provincias y aproximadamente 8100 Ayuntamientos, de los cuales solo 3171 tienen más de 1000 habitantes. En Italia, con 52,3 millones de habitantes, la organización es similar: allí hay 22 regiones (de Régimen Especial y Común), 111 provincias y 8101 municipios. Con las regiones de regimen especiales ocurre algo similar como con algunas Autonomías españolas (el carácter Foral de Navarra y el País Vasco), en cuanto han conservado antiguas diferenciaciones históricas, hoy fundamentalmente reflejadas en diferenciaciones de tipo impositivo.

En el caso de Francia, con 58,5 millones de habitantes, país con el sistema unitario más acentuado de toda la UE, las divisiones político administrativa también se constituye en regiones, que en el continente suman 24. Completa la división administrativa los 100 departamentos (provincias)  y las 36.763 comunas (municipios). Los países europeos en general privilegian las regiones y en todos se encuentran los tres niveles de administración, regional, provincial y municipal, con la excepción de Holanda, país que se organiza mediante dos niveles, provincias y municipios, los sí gozan de una gran autonomía y recursos propios. Australia se desmarca de la tónica europea, siendo el sexto país en extensión y con 22,5 millones de habitantes, administrativamente  se divide en seis estados, tres territorios continentales (prácticamente estados) y otros territorios insulares

Es de destacar que para Europa las regiones tienen una identidad muy significativa y a su vez, son centro de máxima tensión política por las reivindicaciones que plantean en algunos países. Ello está ocurriendo con el gobierno del País Vasco, que demanda la creación de un “Estado Libre Asociado”, algo que más allá una falta tremenda de sentido histórico y practico, no cabe ni en la Constitución Española, ni en la Unión Europea. También en Italia con la Liga Norte ocurre algo similar pero con un tono más moderado. Irlanda, aunque por distintos motivos, tiene problemas de integración y está por ver como evolucionan algunas nuevas republicas de la Europa del este.

Las regiones tienen representación en el Parlamento Europeo, y constituyen el Comité de las Regiones que es la más joven de las instituciones europeas y que consta de 222 miembros.  No son pocos incluso los que sostienen que la Comunidad Europea debería ser la “comunidad de las regiones y no de las naciones”, algo sin duda opinable y que la evolución de la UE se está encargando de erradicar, ya que nadie con criterio de integración está dispuesto a renunciar a los estados nacionales.

Si nos atenemos a los números de municipios y regiones que hemos visto tienen los países citados, no parece que nos debiéramos escandalizarnos porque en Argentina contamos con 23 provincias, una ciudad autónoma y aproximadamente unos 1900 municipios. Respecto de la división municipal de las provincias argentinas, sí se observan verdades incongruencias y desatinos. El Grupo Innova a publicado datos muy interesantes sobre la organización del municipalismo en nuestro país. Así revelo que, el 82 por ciento de las comunas tiene menos de 10 mil habitantes. San Luis es la que tiene la mayor cantidad de gobiernos locales con una población menor a 10.000 habitantes: 62 de 64, lo cual representa el 96,9% del total de sus municipios. Le siguen La Pampa, con 94,9% (75 de 79); Córdoba, con 92,3% (395 de 428); Entre Ríos, con 92,1% (233 de 253), y Jujuy, con 91,7%(55 de 60). La Rioja tiene 18 gobiernos locales, de los cuales 13 tienen menos de 10.000 habitantes.

Buenos Aires no es sólo la provincia más poblada, sino también la que concentra mayor cantidad de habitantes promedio por municipio: sus 13.755.993 habitantes están representados por 134 unidades político-administrativas en el nivel local, dato que arroja un promedio de 102.656 habitantes por gobierno local.

Los autores del proyecto apuntan, sin embargo, que "no existe una correlación directa entre la cantidad de habitantes de una provincia y el número de gobiernos locales en que se divide". "Así, la segunda provincia más poblada del territorio nacional, Córdoba, tiene el triple de gobiernos locales que Buenos Aires, cuya población es 4,5 veces más grande”. Cabe la pregunta ¿Córdoba tiene muchos o Buenos Aires pocos?, como bonaerense, creo que en la provincia de Bs.As. es necesario un mayor número de gobiernos locales, especialmente en el conurbano.

Las desproporciones encontradas me llevan a afirmar que si consideramos las extensiones (superficie) de los países europeos citados, sus poblaciones  y las comparamos con la nuestra, esta sola cuestión exime de más consideraciones respecto del número de municipios o provincias. Y la justificación no se basa en la mera comparación, sino al criterio de eficiencia al que me he referido, considerando que en gran medida la eficiencia que demuestra la política administrativa en aquellos países en donde las cosas funcionan razonablemente bien, se debe a la proximidad entre los que deciden y los ciudadanos, lo cual potencia el control del poder y con ello, disminuye la impunidad ante la corrupción. Pero a su vez cuando consideramos la población de una unidad administrativa, por ejemplo un municipio, esta nos debe reflejar el grado de competencias que puede asumir. Evidentemente al igual que en Europa, los municipios que tienen menos de 10.000 habitantes, no pueden asumir grandes retos, y allí cobra importancia la Mancomunidad de Municipios de la que ya hablaré.

Antes quiero referirme a la remuneración de los cargos políticos, ya que si bien creo que es deseable incrementar el nivel de participación, no necesariamente en todos los casos las funciones políticas deben ser remuneradas. Ese es el caso de los concejales de pequeños municipios, por ejemplo los que tienen menos de 10.000 habitantes, en los cuales su labor pública es absolutamente compatible con la vida laboral privada y por la tanto las concejalías debieran ser ad honorem.

A su vez el mayor problema que afrontan los municipios de escasa población, es que no pueden prestar eficientemente los servicios públicos, como la recolección y tratamiento de residuos, el abastecimiento y distribución de agua potable, el mantenimiento de calles y caminos y todos los servicios en general, y para ellos, la solución es la mancomunidad de varios municipios. Veremos así que este organismo tiene un sentido puramente de gestión técnica, y por lo general, relacionado con la prestación de servicios específicos. La figura de la mancomunidad de Municipios, encaja perfectamente en nuestro esquema de país, dando así escala a los municipios mas despoblados, lo cual les permite asumir competencia que por si solo sería imposible. Si vamos al otro extremo en la relación habitante municipio, nos encontramos con las grandes ciudades, Rosario, Córdoba o Mar del Plata entre otras a las que se debería dotar de un carácter especial, tal como se ha hecho con la ciudad de Buenos Aires. Aquí lo suyo es proyectar una legislación específica para las grandes ciudades con más de 250.000 habitantes.

Entre los caso especiales y extremos, encontramos el cinturón del gran buenos aires, el que no conveniente administrar conjuntamente con el resto de los municipios de la provincia de carácter eminentemente rural. En el extremo opuesto en cuanto a la relación entidad administrativa (municipio) y su población, encontramos la provincia de San Luis la que se aproxima más a una mancomunidad de municipios, que a un estado provincial.

Pero bien es sabido que es muy difícil, sustentado por la tradición, los celos, el orgullo, o lo que fuere, que desaparezcan por fusión municipios y/o provincias, y más aun, nadie asumiría ser “absorbidos”. Por eso se trata de diseñar un esquema para la integración de estados, bajo la premisa de “aglutinar sin destruir”, con el propósito de dar escala y magnitud a las nuevas entidades políticas.

En la tabla siguiente veremos una posible regionalización, a la vez que se proponen los representantes que de ella saldrían para la conformación del parlamento nacional y regional, en donde se refleja la relación entre los representantes y los habitantes. En ambos casos, la elección de candidatos está pensada sobre el esquema de circunscripciones binominales, en donde se eligen dos representantes al parlamento nacional y cuatro representantes al parlamento regional.

Respecto de la estructura parlamentaria, en este trabajo se ha defendido el mantenimiento de la Cámara de Senadores y en  La unicameralidad de la Legislatura Nacional se pude leer la defensa que hago del Senado.
 
La organización de las Administraciones Locales

En estas Ideas y Sugerencias, se denominan Administraciones Locales las siguientes unidades territoriales:

a) Los municipios que es la entidad local básica.

b) Las provincias

c) Las mancomunidades de municipios,

d) Las entidades metropolitanas de grandes ciudades.

Las administraciones locales son aquellas que están más próximas al ciudadano, entre ellas la provincia, la que en el caso de las regiones pluriprovincilaes, es conveniente el mantenimiento de una estructura política y administrativa que coordine y gestione las actividades comunes a todos los municipios. Citaré dos ejemplos que esclarecen la justificación de esta unidad territorial; uno es el sistema de gestión de los hospitales, que no la política sanitaria, y el otro, las infraestructuras la red vial y el transporte. En lo referente a esta última, observamos que hay caminos que sirven fundamentalmente a un municipio uniendo sus localidades, son los llamados caminos vecinales y que conforman el damero básico. En cuanto a su mantenimiento, el mismo es inminentemente municipal. En otras ocasiones, estos caminos intercomunican dos o más cabeceras de partidos y se dan casos en que para llegar a unir dos ciudades, atraviesan un tercer municipio para el cual este camino no es relevante. Aquí la mancomunidad de municipios seria el organismo idóneo para la gestión de esta vía. Avanzando en la jerarquía de las comunicaciones nos encontramos con caminos de segundo orden que recorren en algunos casos centenas de kilómetros traspasando la frontera municipal y supramunicipal y son los que conjuntamente con las rutas de primer orden llamadas “nacionales” vertebran las distintas regiones atravesando las diferentes provincias. Bien, como un sistema vial debe ser homogéneo y se debe gestionar con identidad de criterios ya sean las inversiones como las características de la red, la provincia cuenta con la dimensión correcta para administrar con eficiencia su red vial. De este modo, el sistema vial estaría gestionado por las provincias según los lineamientos del Plan Nacional de Vialidad. Las regiones a su vez actuarían como gestores de obras de tipo superior, por ejemplo las autovías y autopistas, integrando todo el país mediante vías de gran capacidad y según las definiciones del planeamiento nacional.

El otro ejemplo que ilustra la necesidad de contar con la estructura provincial lo encontramos en el sistema hospitalario, el cual tiene como elemento primordial el rápido acceso del ciudadano ante la emergencia al centro de atención más conveniente por su especialización, que no siempre tiene porqué ser el más cercano. Aquí no estamos hablando del diseño de los sistemas de salud que corresponderá delinearse en el Plan Nacional de Salud, sino de la gestión de hospitales y la logística para vincular a los que necesitan la prestación de un servicio con el centro más idóneo para ello. Creo que queda claro con este ejemplo, que la gestión de los recursos, máxime cuando estos son escasos, excede en muchos casos el ámbito del municipio y se aleja del ámbito de la región, encontrando allí justificación la presencia provincial. No ocurre lo mismo con el sistema de escuelas, que tampoco es la política educativa la que se deberá corresponderse con el Plan Nacional de Educación, ya que la vinculación entre los establecimientos educacionales, los alumnos y los profesores, existen una planificación predeterminada y una vinculación de vecindad que no requiere ni de logística ni de visión de conjunto, pero si de mantenimiento y asistencia de los centros de estudios, lo que se puede resolver perfectamente, en el ámbito municipal.