jueves, 15 de marzo de 2012

PREMISAS PARA LA NUEVA REPÚBLICA (*)


(primera parte)

(*) El artículo pertenece a Ideas y Sugerencias para la Fundación de la Cuarta República y fue  presentado en septiembre de 2001 al ex presidente De la Rúa.

¿Presidencialismo o parlamentarismo?

Es un secreto a voces que en diversos ámbitos sociales y políticos se especule con la posible renuncia del presidente (De la Rúa), arrastrado por la depresión. Es frecuente  escuchar frases de dirigentes que opinan que "empezó a contarse el tiempo de descuento del Presidente", “el presidente está desgastado”, otros reclaman que se necesita un “presidente legitimado" (recordar que había perdido estrepitosamente las elecciones parlamentarías), y que “hay que hacer valer el peso de los votos", insinúa la oposición, entre otras manifestaciones en el mismo sentido.
Resulta evidente que los problemas que atraviesa la sociedad, el desacuerdo generalizado en la forma de gobernar del presidente, los intereses contrapuestos de los grupos de opinión, y especialmente el cambio en la relación de las fuerzas parlamentarias, no facilita los acuerdos necesarios que requiere la hora actual.
Pero hay algo superior y que complica la ya difícil situación político institucional, y es la rigidez del actual sistema de gobierno, definido como presidencialista puro.
Una premisa en cualquier sistema político ético, es el respeto por la autoridad y la investidura de quien ostenta la máxima representación de la República, cualquiera sea la formalidad establecida para su elección.
Básicamente la designación presidencial reconoce dos formas: 1.- La popular (directa o mediante electores) que es el caso del presidencialismo puro o el semipresidencial, y 2.- La indirecta, el parlamentarismo presidencial en donde el Presidente de la Republica es elegido por la Asamblea Legislativa. A su vez, el Presidente propone a la Asamblea la formación de un gobierno, encabezado por un Primer Ministro o jefe del gobierno y su Consejo de Ministros o gabinete ministerial, los que son responsables colectivamente y responden ante el Parlamento.
Lo expuesto respecto de las formas de gobierno es lo más elemental y sobre este tema se avanzará en estas Ideas y Sugerencias, ya que existen formulas intermedias como el semipresidencialismo, y entre éste y el parlamentarismo se dan múltiple opciones en cuanto a la supervivencia de los dos poderes, la conformación del gabinete ministerial y la confianza que recibe éste del parlamento.
Nuestra Constitución, que se funda en las Bases alberdianas, instauró como forma de gobierno el presidencialismo puro, lo que supone: a) un presidente elegido popularmente y que es el Jefe del Gobierno  y b) una separación o división de poderes tal, que ni el poder ejecutivo ni el legislativo pueden alterar el periodo para el cual han sido elegidos, ni tampoco los mandatos, entendiendo por mandato, la orden o precepto que el supremo –el pueblo- ordena ejecutar a sus representantes. O sea, que los primeros obligan a los segundos, a ejecutar el programa político que se presentara al electorado, y gracias al cual cosecharon los votos por los que fueron elegidos.
El sistema de organización política, tal y como está diseñado, plantea problemas recurrentes que resulta de difícil solución dentro del presidencialismo puro:

1.- Por una parte, el programa y la gestión del gobierno de De La Rúa no estuvieron en juego en las elecciones legislativas del año 2001, y por lo tanto ni el programa ni el gobierno fueron directamente rechazados, pero no cabe la menor duda que la derrota parlamentaría marcó un aviso de condena hacia la gestión de la Alianza imposible de soslayar.
2.- A su vez, el pueblo con su decisión de cambio electoral, alteró la composición de las cámaras parlamentarías, perdiendo la Alianza su control. Esto produjo una modificación en los mandatos legislativos diferente al que se había conferido dos años antes los legisladores, y precisamente el mandato de la nueva mayoría parlamentaria al no corresponderse con el programa y la gestión presidencial, inevitablemente entra en colisión. En términos reales, al Presidente del Gobierno se le hace difícil mantener su programa si pierde la mayoría parlamentaría.
Pero en el caso del gobierno De la Rúa –como antes lo fue con otros presidentes- cabe preguntarse: ¿A respetado el Presidente el mandato que le confiriera el pueblo?, esto es, su programa, ¿es “la Carta a los Argentinos”?. Cabe preguntarse lo mismo del gobierno de Menem ¿su gestión fue la que presentó al electorado en 1989?. Por otra parte, ¿cumplieron su mandato los legisladores en aquellas oportunidades cualquiera fuese su extracción política?
Estos interrogantes tienen por respuesta la más absoluta negativa, por lo cual, si además de poseer un sistema de gobierno excesivamente rígido, tenemos al frente del gobierno a ineptos o prevaricadores y en el parlamento a cómplices o pusilánimes, el problema se agrava.
Sin lugar a dudas estos datos de la realidad están complicando la gobernabilidad del conjunto del país ante la diversidad de criterios y la ausencia de conducción política.
Pero la realidad es que la forma de gobierno es la que es, el presidente De la Rúa es como es y nos guste o no, debemos aceptarlo. Al respecto dice Alberdi en sus Bases “...una ves elegido (el presidente) sea quién fuere el agraciado a quien el voto del país coloque en la silla difícil  de la presidencia, se le debe respetar con la obstinación ciega de la honradez, no como hombre, sino como presidente de la Nación” y continua ..”Cuanto menos digno sea de su puesto (no interviniendo crimen) mayor será el realce que tenga el respeto del país al jefe de su elección, como más noble es el padre que ama a su hijo defectuoso, como es más hidalgo el hijo que no discute el mérito personal de su padre” y concluyo la cita que es más extensa “respetad de ese modo al presidente que una vez lo sea por vuestra elección, y con eso seréis fuertes e invencibles...”. Hasta aquí Alberdi.
Si bien es muy arriesgado interpretar el pensamiento ajeno, es muy posible que cuando Alberdi  pensó el modelo de país que plasmo en las Bases, tenia como datos de la realidad los siguientes: a) el proyecto de la Generación de Mayo que no pudo concluir su obra y darse un gobierno estable, y cuya debacle se profundiza con la “partida” forzada de Mariano Moreno, quien proféticamente manifestara, “me voy, pero la cola que dejo es muy larga”; b) los periodos de disgregación, anarquía y finalmente el autoritarismo, que obligó al exilio a muchos argentinos, entre ellos el propio Alberdi; c) vista la realidad nacional, había que reconducir la situación, y resultaba lógico que ante tanto caos, Alberdi reclamara un “presidente con poderes de rey“, posición que antes, había sostenido Belgrano.
Por otra parte, se me ocurre pensar que cuando Alberdi maduraba sus pensamientos, tenia como referentes a hombres públicos probos y con profunda convicción y fortaleza, de la talla de Moreno, Belgrano y Echeverría entre sus antecesores o de, Sarmiento (mas allá de su encono personal), Avellaneda o Mitre entre sus contemporáneos, y nunca debe habérsele cruzado por su cabeza, la posibilidad de que su proyecto de país fuese gobernado, no ya durante un período de gobierno sino durante décadas, por una dirigencia corrupta y prevaricadora que con total desprecio por el pueblo ha hecho del poder una cuestión personal.
El actual sistema presidencialista ha demostrado sobradamente que presenta dificultades para solucionar los desatinos provocados por la incompetencia de los propios gobiernos o por el obstruccionismo de la oposición, llevado sistemáticamente a poner en crisis la organización sociopolítica desde 1930 a la fecha. En el sistema presidencialista puro de gobierno si no se satisfacen las expectativas que el pueblo ha depositado en la persona del presidente, el régimen no tiene suficientes grados de libertad para su recomposición. Resulta además contradictorio el ejercicio que le confiere la Constitución a la investidura presidencial como “jefe  supremo  de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país”, con las cíclicas propuestas de “concertación”, “gobiernos de unidad”, y tantas formas de acuerdos o consensos que se reclaman desde la sociedad, la oposición y hasta desde el mismísimo partido del gobierno, cuando se trata de llevar a cabo determinadas políticas que ampulosamente se las suele llamar de “estado”.
Es más, el sistema presidencialista impulsa al personalismo, característica esta que está reñida con el interés común y la concertación, ya que subordina el interés general a la persona del presidente y definitivamente bajo el personalismo no hay lugar para el dialogo fecundo y la concertación.
Los intentos de “gobiernos de unidad” por lo tanto son impropios del sistema presidencialista, el cual se basa en mayorías y minorías, donde sólo el representante de la mayoría es elegido para ejercer las funciones ejecutivas y por lo tanto el cogobierno con la oposición está excluido, ya que a ésta le cabe ejercer el control mientras espera el próximo turno electoral para volver a disputar el gobierno. Cuando un gobierno no tiene una mayoría suficiente en un sistema presidencialista, la propia cultura del sistema deja pocos espacios para la  conjunción con otras fuerzas. Nuestro sistema es de gobierno y oposición por cuatro años y hace honor a dicho popular  de que “el gana gobierna y el que pierde controla”. Debemos reconocer que cada sistema de gobierno tiene sus propias reglas, las que en sí mismo no son ni buenas ni malas, si no que funcionan o no según la idiosincrasia de los pueblos.
Así las reglas del presidencialismo son casi herméticas, los grados de libertad para acomodarse a la conformación parlamentaria escasos y las posibilidades de recambio presidencial nulas ante un vuelo abrupto en las elecciones de medio periodo, por lo tanto, si queremos otra forma de entender las relaciones entre las fuerzas políticas y los espacios de poder, la propuesta pasa por un cambio de sistema, por un tipo de gobierno parlamentario o semi presidencial o las diferentes combinaciones posibles.
Estos sistemas tienen la ventaja de ejercer el poder con los apoyos y acuerdos suficientes para gobernar  –aun en el caso de ostentar mayorías propias, aunque cuando esto ocurre, el resultado es muy próximo al presidencialismo-  los que se logran mediante pactos de gobierno acordados en el único sitio donde estos se deben realizar y que no es otro que el Parlamento Nacional, allí donde reside la pluralidad de la representatividad popular. Estoy convencido que será imposible en la convulsionada Argentina, encontrar a esa persona que desde su protagonismo como presidente, logre resolver los complejos problemas de la nación. Por ello creo que debemos migrar hacia otras formas de administrar el poder, donde el ejemplo de la concordia política desde el poder se refleje en la sociedad.
Los sistemas parlamentarios presentan diversas alternativas pero si bien tienen la característica de que el Jefe de Estado (que no del gobierno) carece de facultades decisorias en el proceso político, éste cumple un importante papel como factor de integración nacional. El Poder Ejecutivo es un órgano colegiado, constituido por un Gabinete Ministerial presidido por el Jefe del Gobierno, el que también recibe el nombre de Primer Ministro o Jefe de Gabinete, que cuenta con la confianza de la mayoría del Parlamento y responde políticamente ante éste, pudiendo el Parlamento destituir a uno de los Ministros mediante el "voto de censura" o la "denegación de confianza", así como el Ejecutivo o el Gabinete puede solicitar al Jefe del Estado la disolución de una de las cámaras o el órgano Legislativo completo. Dentro de los diversos modelos semiparlamentarios, existen límites entre las potestades que tienen ambos poderes de influir o intervenir sobre el otro, llegando incluso a la imposibilidad de intervenir.
Una critica que se escucha frecuentemente, es que los sistemas de tipo parlamentarios en la Argentina serían inaplicables por la inestabilidad que generarían. Para ella tengo dos pregunta y un dato. La primera pregunta ¿qué calidad de estabilidad constitucional ha tenido la Argentina desde 1930 a al fecha?. La segunda, ¿no nos creemos los Argentinos capaces de convivir democráticamente dentro de un parlamento para conformar un gobierno”?. Si la respuesta fuere NO, nuestra enfermedad como Nación seria de tal gravedad que ante ello no hay sistema que lo remedie. El dato, corresponde a la realidad: entre los países con los que compartimos una similar idiosincrasia y que gozan de sistemas parlamentarios o semi presidencialistas, sus “inestabilidades” son relativas. Por ejemplo, el concepto que se tiene de los gobiernos italianos es su inestabilidad permanente, pero veremos que esto es relativo, ya en los años 70 y 80  el democristiano Andreotti  ocupo el Ministerio de Asuntos Exteriores y su colega Cossiga el de Interior durante periodos de cinco a seis años, mientras la media de la vida del un gobierno –aclarando que todos dentro de la misma coalición- era de diez meses. Contrariamente en Inglaterra, donde los periodos de gobiernos van de los cuatro a los cinco años, los ministros duran una media de dieciocho meses. En España en los 25 años de democracia, el parlamentarismo ha funcionado en cinco de las siete legislaturas, con gobiernos de coalición, ya que solo hubo dos mayorías absolutas, una de Felipe Gonzáles y otra de Aznar. En los tres paises, aun a pesar de tener sistemas partidarios y estructuras sociales de tan distintas raigambre, los gobiernos han cumplido su objetivo supremo: elevar la calidad de vida y felicidad de su pueblo. Contrariamente el presidencialismo en Latinoamérica, en ningún caso ha funcionado, y si alguien cree que los sistemas políticos están en función de la condición de sus pueblos o de su idiosincrasia, veo mucho más parecidos entre los argentinos con españoles e italianos, que con los bolivianos, peruanos o chilenos. ¿No valdrá la pena pesar que por aquí puede pasar en gran parte el principio del cambio deseado?.

 

 

El sistema de representación electoral


Como se ha expuesto en Corregir disposiciones para mejorar la representatividad, se debe dar un carácter más amplio a la definición constitucional respecto del sistema de representación, los partidos políticos, y el monopolio que hoy ostentan los partidos en la designación de candidatos.
Uno de los criterios que se imponen en gran parte de la sociedad, es que se debe desmonopolizar la facultad de los Partidos Políticos en cuanto a la presentación de candidatos, y permitir la presentación de éstos por “fuera de los partidos”. En principio esta iniciativa parece oportuna para situaciones de crisis y de hecho en agosto del 2002 presenté una iniciativa en esa dirección, debido al empantanamiento en que se había sumido a la elección presidencial en la interna del partido Justicialista. Esta iniciativa que se tituló “Eliminar las Internas”, se publica en el Anexo, y está inspirada en la formula utilizada en Francia para la elección presidencial.
Si bien algún grado de desmopolización se puede estudiar (quiero recordar como ejemplo, que para la elección de Intendente y Concejales que en la Pcia. de Buenos Aires se contempla la figura de las Uniones Vecinales), la vida política de una nación se debe diseñar en sus bases, a través de los partidos políticos y el sistema electoral, elementos indispensables en una democracia representativa. Pero la representatividad no siempre se manifiesta en forma directa o al menos proporcional al sentir de los ciudadanos, y si bien las diversas formas de la representación pueden ser discutibles en sus diferente modalidades, se deben guardar elementales y fundacionales principios que lleven a que la democracia crezca cada día y se fortalezca como el procedimiento más idóneo para confirmar o sustituir gobernantes. La elección indirecta de candidatos por parte de los órganos partidos (Convenciones o Juntas), es una de las formas de elección que en la Argentina aplican solo algunas fuerzas de nueva formación o marginales electoralmente. Los “partidos grandes”, desde el regreso de la democracia en 1982, instalaron con mayor o menor acierto sistemas de democracia electoral directa, mediante el voto de los afiliados. En el Justicialismo, sus elecciones internas han estado siempre supeditadas a acuerdos y componendas que desvirtuaron el hecho democrático, por lo que en más de una oportunidad el voto del afiliado resulto ser una parodia para cumplir con la formalidad. En el radicalismo la expresión democrática interna ha sido históricamente menos sensible a las componendas espurias, hasta que le llegó también la aciaga hora del fraude en la interna entre Terraneo y Moreau (año 2002). En los dos casos, los gobiernos y parlamentarios que surgieron de esos partidos, han experimentado la misma sensación en los ciudadanos: el fracaso. Ello nos lleva  a pensar que en las internas partidarias radica una buena parte del problema de la mala representatividad, o sea, del desencuentro entre el pueblo y los representantes.
Una vez más queda aquí demostrado que los instrumentos que rigen la vida de los partidos políticos contienen los elementos suficientes para asegurar una democrática representatividad, sin embargo esto no ocurre por la impunidad con la que los jefes políticos vulneran los reglamentos sin que esto merezca la menor atención por parte de la Justicia Electoral.
En cuanto al proceso interno de elección, lo lógico es que cada asociación de ciudadanos que se reúnen con un fin común y en esto los partidos políticos son en principio instituciones que surgen de decisiones privadas, aunque tengan en última instancia una finalidad pública, corresponde a cada institución que instituya en sus estatutos sus propios mecanismos de elección de autoridades y candidatos, con la única limitación del respeto por la Ley y los postulados democráticos. Debemos buscar que la organización interna sea coherente con las formas y propuestas que se pretenden desarrollar si se alcanza el gobierno, ya que quines mayor transparencia y pluralidad observen en su orden interno, mayor posibilidades existe que cuando les toque actuar en el orden externo, las buenas prácticas internas sean puestas en practica en el plano externo. Lamentablemente en nuestro país las nuevas fuerzas que tanto dicen querer renovar la vida pública, el ARI y Recrear, internamente han demostrado el mayor de los desprecio por la opinión de sus partidarios, mostrándose ambos líderes, como los supremos poseedores de verdad a la hora de elegir candidatos.
Una variante interesante al sistema monopólico de proposición de candidatos actual, radica en distinguir la forma de elección según el cargo público. Así no imagino otra forma de elegir a los diputados y senadores que a través de partidos nacionales fuertes y consolidados, que a la postre reúnan a sus legisladores en bloques partidarios ideológicamente definidos. Ni que pensar de lo caótico que puede resultar un Parlamento en el que los diputados pudieran surgir de una multiplicidad  de diversas agrupaciones constituidas para la ocasión, en la cual el fraccionamiento  parlamentario haría imposible su funcionamiento. Aquí me ratifico en la metodología que ya se ha analizado y defendido, y que se responde con el sistema de circunscripción binominal, pero siempre entre candidatos que representen a partidos políticos.
Bien diferente resulta ser la elección del presidente de la república, ya sea dentro del actual sistema presidencialista o dentro del semipresidencialismo. Aquí la formula que se utiliza en Francia me parece oportuna, ya que quien quiera presentarse como candidato a al presidencia debe cumplimentar como requisito, el apoyo de 500 personas (padrinos) que ocupen cargos electivos (Diputados y Senadores nacionales o provinciales, Concejales, Intendentes o Gobernadores), lo cual es un filtro para evitar las candidaturas demasiado estrafalarias o poco representativas. En nuestro caso, y dado de que en Francia hay muchos más cargos electivos que en nuestro país, este número de apoyos se debería reducir a 200. Con este sistema se da posibilidades de participación a un número muy importante de candidaturas que de otra forma no tendrían acceso, y así se eliminarían las elecciones internas y cada candidato tendría que salir a recoger sus adhesiones a lo largo y ancho del país. Valga como ejemplo francés, el del partido Caza, Naturaleza, Pesca y Tradiciones, que presenta candidato a Presidente en la primera vuelta. Este sistema, que propuse en 2002 para salvar el empantanamiento de la interna justicialista, en el actual sistema presidencialista pude que sea discutible, pero se mostraría muy idóneo en el sistema semipresidencialista, en donde el Presidente “reina”, pero no gobierna.


Los sistemas de gobierno


Como hemos visto en la introducción a este tema, el sistema de gobierno presidencialista a demostrado no ser nuestro mejor reaseguro para las recurrentes crisis, las que no se han podido resolverse dentro de la lógica del sistema. Demasiados dolores de cabeza y hasta incluso quiebres constitucionales alentados por la incapacidad de los gobernantes, se podrían haber evitado si hubiésemos tenido un sistema de gobierno de relación “más flexible”, entre el poder ejecutivo y el Parlamento.
El actual sistema presidencial puro, se basa en tres premisas: a) el presidente es elegido por el pueblo; b) siempre es el jefe del gobierno, a pesar de la composición partidaria de las cámaras; c) se observa una separación estricta de los poderes legislativo y ejecutivo.
Este es el sistema que ha demostrado sobradamente que presenta dificultades para resistir los embates a los que nuestra organización sociopolítica ha sido sometida en los últimos 30 años, fundamentalmente por las consecuencias que presenta el punto b).
En el sistema presidencialista puro de gobierno, si no se satisfacen las expectativas que en el presidente se depositaron, no existen grados de libertad para su recomposición. Por otra parte, si los electores no le otorgan la mayoría en la composición de las cámaras legislativas, por caso, un candidato a presidente muy carismático en un partido débil, puede originar un “corte” de boletas, que hace que su debilidad parlamentaría sea extrema y por lo tanto se resienta o dificulte la gobernabilidad[1].
En el sistema presidencialista puro es imperioso que la persona que lo ejerza, tenga un temperamento que le permita ejercer la autoridad que la constitución le confiere a su investidura, la cual está marcada por un altísimo personalismo. Ya hemos analizado las contrariedades que surgen entre el personalismo de la figura presidencial y la diversidad que representa el parlamento y de los riesgos que entrañan los personalismos.
Para salvar los escollos del presidencialismo se me ocurre que es prudente separar el REINAR del GOBERNAR. Esta diferenciación sea quizás la apuesta más interesante que se deba analizar en la actualidad Argentina y de la que ya hablaremos.
Por otra parte los sistemas personalistas entran en conflicto con la concertación o consenso que se reclaman desde la sociedad, la oposición o desde el mismísimo ejecutivo para llevar a cabo determinadas políticas. Por ello, los intentos de “gobiernos de unidad” de “entendimiento” o “consenso”, son impropio del sistema presidencialista puro, el cual se basa en que el presidente elegido por la mayoría popular, lo es para ejercer las funciones ejecutivas entre las que se encuentra la formación del gabinete de ministros sin ningún otro tipo de consentimiento, incluso aunque no ostente ni siquiera la primera minoría en las cámaras, y por lo tanto, el cogobierno con la oposición está excluido. A la oposición se le asigna el contralor de la gestión, algo muy difuso por cierto y que lleva más a la especulación política, el acoso, la critica inconducente, cuando no directamente al derribo del gobierno, que al propio ejercicio del contralor. Una vez más, aquí queda demostrado el doble discurso que se escucha en muchas ocasiones, ya que decimos defender un sistema para intentar quebrantarlo ante la menor dificultad, como por ejemplo, cuando el presidente no tiene mayoría en las cámaras. Es ahí cuando el “palo en la rueda” se pone en acción, sin posibilidad alguna de solución, y el divorcio entre el ejecutivo y el parlamento pone en riesgo la llamada “gobernabilidad”. A esto me refiero cuando critico la rigidez del sistema.
Particularmente no me gustan los gobiernos de unidad, si las coaliciones, ya que se puede caer en la trampa del partido único, dando lugar a la posibilidad de una suerte de acuerdo de alternancia en el poder entre los distintos nombres de los individuos que comparten el “pensamiento único”, muy frecuente esto en la izquierda. Así funcionó el PRI en Méjico y eso es la negación de la democracia.

Las otras opciones para constituir el gobierno


Aunque con muchas variantes, las opciones que se presentan al presidencialismo, corresponden a sistemas parlamentarios o mixtos.
El sistema parlamentario presenta las siguientes características: a) el Consejo de Ministros está encabezado por un primer ministro o presidente del gobierno, b) todo el consejo colectivamente es responsable ante el parlamento y c) no hay un presidente elegido popularmente con poderes políticos reales, sino que la Asamblea elige al presidente el que puede tener diferentes atribuciones según la constitución. Este sistema tiene la ventaja de que el poder se ejerce con los apoyos y acuerdos suficientes para gobernar, (aun en el caso de ostentar mayorías propias),  los que se logran mediante pactos de gobierno acordados –con luz y taquígrafos- en el Parlamento Nacional donde reside la representatividad popular. El Presidente o Jefe de Estado carece de facultades decisorias en el proceso político, pero cumple un importante papel como factor de integración nacional (en las monarquías esta función la ejerce el Rey), mientras que el Poder Ejecutivo reside en un órgano colegiado, constituido por un Gabinete Ministerial o Concejo, presidido por un Primer Ministro o Jefe de Gabinete, él que cuenta con la confianza de la mayoría del Parlamento y responde políticamente ante éste, pudiendo el Parlamento destituir a uno o todos ministros con "voto de censura" o "denegación de confianza", así como el ejecutivo (el gabinete) puede solicitar al Jefe de Estado, la disolución de una de las cámaras o el órgano Legislativo completo.
En Europa, el parlamentarismo se divide en monarquías parlamentarias: Bélgica, Dinamarca, Holanda, Noruega, España, Suecia, Reino Unido y repúblicas: Italia, Alemania, Grecia, Hungría, Israel, Portugal entre otras.
En las repúblicas, el Jefe de Estado está a cargo de un Presidente elegido por el Parlamento, y ocupa el cargo generalmente por un periodo de tiempo mayor que el que desempeñan los parlamentarios que lo eligen. Se da el caso de que el Presidente pueda ser elegido por voto popular en lugar del Parlamento.
Independientemente de que el Presidente sea elegido por el pueblo o por el parlamento, su poder no depende en sí de la forma de elección, sino del imperativo constitucional de organización política. Por ejemplo algunas constituciones le otorgan un poder importante al presidente, como por ejemplo Italia (Republica parlamentaría), Francia (Republica presidencialista), República Checa, o Turquía,  donde el Primer Ministro es designado por el Presidente, pero éste y su consejo de gobierno, deben tener la confianza del Parlamento. En el caso Italiano, el poder presidencial puede llevarse hasta el extremo de sostener un gobierno aun en contra de los deseos del Parlamento. En otros casos, el presidente propone al Parlamento el primer ministro,  pero es el Parlamento quien lo designa.

En Europa, los países centrales, inclusos aquellos que han abolido la monarquía, mantienen separadas las dos funciones: reinar y gobernar. La primera, ejercida por el Rey en las monarquías y por el Jefe de Estado en las Repúblicas, es la garantía de que las instituciones marchen por sus causes debidos, mientras que la segunda función
 -gobernar-  al ser una función ejecutiva, implica gestionar, administrar  y tomar decisiones que, en buena lógica, pueden realizarse con matices, aciertos y errores,  y por lo tanto, la movilidad o estabilidad del gobierno, está condicionada a los apoyos y consensos parlamentarios.

Hasta cierto punto, un presidente parlamentario incluso puede ejercer mas poder que un presidente elegido por el pueblo; esto ocurre cuando el sistema de partidos es débil e inestable, lo cual da al presidente la oportunidad de explotar las divisiones. Inversamente, cuanto más sólido y concentrado es el sistema político, tiene menos posibilidades de ejercer su poder. 
Otras formas emplean formulas mixtas, con características comunes al presidencialismo puro y al parlamentarismo, existiendo diferentes alternativas, entre la que cabe destacar el “semipresidencialismo”, que consiste en: a) elegir popularmente un presidente, que tiene discrecionalidad constitucional para la elección del Concejo de Ministros o al menos el Primer Ministro y b) también se le otorga el derecho de disolver el parlamento, aunque no siempre.
En ocasiones se suele confundir el sistema semi presidencial, con el presidencialismo de primer ministro, en el cual el gabinete ministerial es responsable conjuntamente ante el Presidente y el Parlamento. El  presidencialismo de primer ministro (Francia, Portugal, Austria, Finlandia, Lituania, Rumania, Polonia, Macedonia, Moldavia), el Gabinete es responsable ante la mayoría parlamentaría, y el Presidente, teóricamente, no puede permanecer como Jefe del Gobierno si él representa a un partido diferente del que sostiene la mayoría parlamentaría.
Francia es un caso particular de este sistema, ya que otorga un fuerte poder al Presidente, aunque el que gobierna, es el Primer Ministro.  El Presidente debe someter a la Asamblea la elección del Primer Ministro y su gabinete, pero también puede en los casos contemplados por la constitución, disolver el parlamento, y a su vez el parlamento, puede negar la confianza al gabinete presidencial. En Francia se solvento esa situación con la llamada “cohabitación” en la que el presidente socialista Mitterrand tuvo que someterse a una mayoría parlamentaria conservadora (1986-1988; 1993-19995). Posteriormente le ocurrió la misma situación a Chirac que cohabito con Lionel Jospin como Primer Ministro, aun a pesar de que éste había publicado un libro en donde decía que “la cohabitación era un régimen indeseable para Francia”. Cosas de la política. Según opina Raymond Barre, ex primer ministro con Giscard d’Estain, la cohabitación contradice  a la constitución. Sostiene que es inadmisible tener un Primer Ministro apoyado por una mayoría parlamentaria contraria al Presidente elegido por los franceses. En esos casos es categórico al señalar que el presidente debe renunciar, o si se niega, la oposición no formar gobierno. En circunstancia de cohabitación el presidente tiene poderes pero no el poder.
Para entender a los sistemas de presidencialismo de primer ministro, hay que considerar dos aspectos: a) Los poderes del presidente sobre el parlamento y b) el grado de supervivencia  de cada rama del gobierno (presidente y parlamento).

a)    Los poderes del presidente son mínimos cuando la elección del primer ministro y los ministros del gabinete corresponden a la Asamblea parlamentaria; son máximos, cuando el presidente es quien los nombra, aunque existen soluciones intermedias.
b)    En un extremo,  si el parlamento rechazara la formación del gabinete de gobierno, el presidente puede disolver el Parlamento en cualquier momento. Por ejemplo Francia, donde el presidente una vez al año puede disolver el parlamento ante la imposibilidad de formar gobierno. Esto es lo que le da un gran poder al presidente francés.

En el otro extremo, encontramos el parlamentarismo presidencial, el que frecuentemente se convierte en un sistema inestable, ya que otorga al presidente discrecionalidad para disolver el parlamento así como nombrar y destituir libremente los gabinetes ministeriales. La inestabilidad se deriva de que siempre puede responder  a un voto de falta de falta de confianza del parlamento, disolviéndolo y nombrando un gabinete provisional. (esto ocurrió en la republica de Weimar en Alemania, hasta que Hitler ocupó los cargos de primer ministro y canciller). Hoy en Europa, sólo  Armenia sostiene este sistema, pero Rusia, Croacia y Ucrania se le aproximan. En esta organización, los gabinetes ministeriales son responsables ante el presidente y el parlamento.
En Europa, nuestro actual sistema –presidencialismo puro- sólo lo incorporan Chipre, Bielorrusia y Georgia.
Como se puede observar, no existe el sistema ideal o perfecto, pero sí aquellos que permiten una serie de soluciones a problemas políticos frecuentes. Pero sí podemos afirmar que existe una relación de poder inversa entre el Gobierno y el Parlamento. En los casos de gobiernos fuertes –sistemas presidencialistas- el parlamento es más débil respecto del sistema parlamentario donde el presidente es elegido por éste, y por lo tanto el parlamento fuerte y el gobierno débil.

Lo que no funciona, es cuando en un sistema presidencialista el gobierno se vuelve débil porque ha perdido la mayoría parlamentaría (y la confianza del pueblo), ya que en este caso ni el presidente ni el parlamento tiene alternativas para compensar o solucionar la inestabilidad que crea la debilidad presidencial originada por la derrota parlamentaría.
Esto es lo que ha ocurrido reiteradamente en la Argentina cuando el presidente pierde tempranamente el sustento parlamentario, y dado el inmovilismo que presenta el sistema, convierte en ineficaces tanto al gobierno como al parlamento. Aquí hay que encontrar el equilibrio y la solución.
Alrededor del Presidencialismo de Primer Ministro puede estar la solución para el “caso” argentino, entre otros motivos porque incluye la elección directa del presiente, algo muy arraigado en nuestras costumbres. Luego es cuestión de  “contrapesar” el poder en entre el parlamento y el presidente, y las diferentes opciones de poder que puede tener el presidente, las que pueden ir desde la discrecionalidad en la elección del gabinete (Armenia, Croacia, Chipre), hasta en el otro extremo, la imposibilidad de su nombramiento o sólo por recomendación del parlamento (Irlanda, Eslovenia, Bulgaria). La otra variable de importancia es la supervivencia (y como se define la misma) de ambas ramas del poder, esto es, si pude o no el presidente disolver el parlamento.



[1] Recordar que le ocurre a de la Rúa cuando pierde las elecciones legislativas en su segundo año de gobierno. Anteriormente le ocurrió esto a Frondisi, Illia y Alfonsín.